Por 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, los concejales apoyaron idea del Alcalde Gervoy Paredes de aplazar por tercera vez, y ahora hasta el año 2020 el inicio de la vigencia de la ordenanza suscrita por los propios ediles habían suscrito como compromiso, para que el Gobierno respalde con fondos FNDR al proyecto de remodelación de la calle Antonio Varas.
Solo los concejales Héctor Ulloa (PPD) y Fernando Orellana (RN) votaron en contra de la medida propuesta por el alcalde Gervoy Paredes, y que implicará que los vendedores ambulantes permanezcan sin control en las calles del centro de la ciudad de Puerto Montt. Por su parte, el RN Luís Vargas Machado se abstuvo. El resto del Concejo votó en sintonía con la solicitud del Alcalde.
Mientras en otras comunas del país existe una batalla frontal contra la actividad de venta en las calles sin permisos ni pago de impuestos, el municipio puertomontino ha anunciado ubicaciones provisorias en las cercanías del Mall Costanera mediante la ubicacion de vendedores ilegales en carpas, la concreción de una nueva feria para vendedores de frutas en el sector Alto Bonito, y un proyecto para construir otro mercado para otro tipo de vendedores en las ex dependencias de Fonasa en calle Antonio Varas, habilitación que no estaría antes de dos años, según la casa edilicia.
La decisión del alcalde Gervoy Paredes, que esta tarde fue validada por los concejales, provocó molestia entre los comerciantes establecidos. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, Eduardo Salazar, manifestó que estaban decepcionados y aburridos por la situación .
El representante del gremio del comercio establecido, dijo que no descarta recurrir a todas las instancias legales para que el alcalde de Puerto Montt, cumpla su compromiso de hacer efectivo la ordenanza municipal, que debía entrar en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2019.
De hecho, previo a la polémica votación, la Cámara de Comercio hizo llegar una carta a los concejales, en que manifiesta su oposición por la idea de prorrogar la vigencia de la ordenanza,indicando que afecta a las Garantias Fundamentales de igualdad ante la ley previstas en la Constitución; que existiría discriminación en la aplicación de la Ley de Rentas Municipales; y que existiría un mal manejo y uso discriminado de bienes nacionales de uso público.
Por ello, el Gremio anunció que presentaría recursos de ilegalidad ante Contraloría, y una presentación legal ante la Corte de Apelaciones.
El alcalde Paredes rechazó la carta, indicando que no aceptaba amenazas.
