Una fuerte controversia se desató este domingo tras conocerse que el presupuesto del Ministerio Público sufrirá un recorte de $7.064 millones, en el marco de una reducción general de $544 mil millones en el erario fiscal 2025. La medida, que fue detallada por El Mercurio, surge de un protocolo de acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de Presupuestos, lo que permitió destrabar la aprobación de partidas fiscales. Sin embargo, el ajuste ocurre en un contexto de crisis de seguridad que preocupa a la ciudadanía y ha generado críticas transversales en el Congreso.
El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad, calificó la decisión como «inaudita e inexplicable», exigiendo explicaciones al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior. «Quitar recursos a quienes combaten el crimen organizado es extremadamente grave. Esto afecta directamente la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad que hoy tiene atemorizada a la comunidad y paralizado al sector productivo», señaló. En tanto, su par José Miguel Durana (UDI) advirtió que la reducción compromete «la operatividad del Ministerio Público y el acceso a tecnología esencial para investigar delitos complejos». Ambos coincidieron en que, lejos de disminuir recursos, se debe reforzar a las instituciones encargadas de la seguridad.
Desde la Cámara de Diputados, Andrés Longton (RN) y Cristhian Moreira (UDI) criticaron duramente el criterio del Ejecutivo, acusando que los recortes benefician «gustitos ideológicos» como la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Longton llamó al Gobierno a «revertir esta decisión, que contradice el compromiso de no afectar a las instituciones clave para combatir la inseguridad». Por su parte, la diputada independiente Karen Medina consideró el ajuste como «irresponsable e inaceptable», señalando que debilitar al Ministerio Público en el actual contexto de violencia es un golpe directo a la seguridad de los chilenos.
