La Cámara de Diputados aprobó y despachó este lunes, para que se convierta en ley, un nuevo proyecto de gastos reservados de los que gozan ciertas instituciones con el objetivo de evitar fraudes y malversaciones de dinero público como ocurrió en el pasado con el Ejército o Carabineros.
La idea de este proyecto, que quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley, es determinar qué son los gastos reservados, quién los puede utilizar, para qué fin y bajo qué condiciones.
Se entiende por gasto reservado cualquier egreso que realicen las entidades para el cumplimiento de sus funciones, «siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas».
Y el uso se limita con la normativa a la Presidencia, el Ministerio del Interior, el de Defensa, la Cancillería, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Para evitar el mal uso de este dinero público, la legislación aprobada contempla ciertas medidas de control y probidad y la rendición de cuentas de forma interna y externa.
«Los ministerios y entidades afectos a esta facultad estarán sujetos a control interno y externo en la ejecución de estos gastos, para lo cual deberán identificar las unidades operativas que requerirán para su operación el uso de estos montos, información que deberá ser entregada en forma reservada al contralor general de la República», explicaron desde el Congreso.
El responsable de cada unidad operativa deberá entregar un informe de uso de gastos reservados con un máximo de 60 días posteriores a su utilización.
Asimismo, esa persona deberá efectuar una declaración de intereses y patrimonio en la que figuren sus bienes, los de su cónyuge o conviviente civil, además de los de sus hijos o personas bajo su tutela.
La ley además destaca que «cualquier otro uso de los gastos reservados queda estrictamente prohibido y su incumplimiento se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a las sanciones que correspondan», según indicaron fuentes parlamentarias.
Fuente: Cooperativa
