Pasadas las nueve de la mañana de este viernes se dio inicio a la audiencia por el juicio entre la Municipalidad de Osorno y el ex concejal Juan Carlos Velásquez, quien acusa despido injustificado tras laborar por más de 30 años como funcionario del DAEM y califica la acción como una persecución política.
Por lo que este viernes debió declarar el alcalde Jaime Bertin quien insistió que el despido no tendría relación con alguna persecución política y que el ex concejal estaría en busca de una nueva indemnización.
El ex concejal rechazó los dichos del alcalde y explicó que su rol fiscalizador en relación a las obras efectuadas por la casa edilicia, fue lo que habría gatillado su salida del DAEM y que no tiene ninguna relación con una compensación económica.
Posterior a la declaración del edil fue el turno de las presentaciones de la prueba confesional y testimonial. En la ocasión los testigos presentados por los abogados de Velásquez coincidieron en que ellos vieron cambios generados en el ex concejal tras los problemas laborales que tuvo en el municipio local y dieron fe de su calidad profesional y que tampoco tendría registros de problemas con sus ex colegas, quienes destacaron tal como lo hizo el consejero regional Juan Carlos Duhalde en que lo sucedido fue una consecuencia negativa tras la fiscalización municipal.
Los testigos por parte de la casa edilicia mencionaron que no tienen antecedentes de problemas laborales de Velásquez en el DAEM sino que fue una determinación porque se eliminó el cargo que desempeñaba, aunque tampoco supieron justificar si tras la eliminación del cargo era necesario despedirlo o se hubiese podido reubicar en otro puesto de trabajo lo que generó varias interrogantes.
Finalmente, la abogada del ex concejal Andrea Sepúlveda se refirió al juicio y específicamente a lo mencionado por el edil referente a que no se trataría de una persecución política.
Cabe destacar que el polémico juicio continuará el próximo lunes 24 de abril a partir de las 09.15 horas con la rendición de la prueba documental y otras ofrecidas al tribunal por las partes involucradas.