La información fue entregada esta jornada por el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, durante su comparecencia a la Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados sobre el Programa de Asentamientos Precarios del MINVU. Esto se debe a las controversias relacionadas con los convenios de trato directo entre el Estado y fundaciones e instituciones sin fines de lucro.
El Contralor explicó que se llevaron a cabo auditorías en 15 de las 16 seremías (Aysén no tenía convenios bajo investigación), y en ese marco, se encontraron 16 observaciones. Además, hay 11 Seremis denunciadas ante el Ministerio Público por acciones que podrían constitutir delitos: las de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
Además de los antecedentes que ya se han remitido al Ministerio Público, Bermúdez confirmó que Contraloría iniciará sumario en todas la regiones por eventuales faltas a la probidad.
En relación a las investigaciones desarrolladas a los Gobiernos Regionales de Antofagasta, Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes, el contralor presentó una serie observaciones.
Entre ellas, la Contraloría constató la falta de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG. Asimismo, la falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos de inversión.
