La Contraloría determinó que el Estado deberá acabar con los contratos de honorarios para los funcionarios públicos «habituales permanentes», luego de realizar una reinterpretación sobre los artículos del Estatuto Administrativo que habilitan la contratación de personas en el Estado bajo la figura de honorarios.
En el caso de quienes tenían un contrato al 31 de diciembre, si el jefe del servicio lo decide, el 2022 tendrán que convertirse en funcionarios a contrata. Así como quienes presten servicios a honorarios por más de dos años al 31 de diciembre del presente, aplicando así el régimen de fuerza legítima.
Lo anterior ya que, durante muchos años, en la Administración Pública se contrató a honorarios para que se desempeñen en funciones del Estado, convirtiéndose en un método sobreutilizado que provoca desprotección laboral.
Así, en concreto, el contralor Jorge Bermúdez ordenó al Estado que, de manera progresiva, termine con los contratos a honorarios en el caso de funcionarios que realizan funciones habituales y permanentes. El plazo para que esta medida esté en pleno cumplimiento es el 2023.
Con este dictamen, la modalidad de honorarios podrá ser utilizada sólo para la contratación de asesorías específicas, funciones en gabinetes y otras situaciones excepcionales, publicó El Mercurio.
«NO LE COMPETE EN ABSOLUTO»
Sebastián Parga, de Canales Parga Abogados Laborales, señaló que «la Contraloría ha ido demasiado lejos» al entrar «al debate de políticas públicas que no le competen en absoluto».
«El actuar de la Contraloría debe circunscribirse a sus facultades de control y fiscalización», criticó Parga.
Además añadió que la entidad fiscalizadora «no se encuentra mandatada para impartir instrucciones que solucionen problemas que deben resolver otros poderes del Estado», aunque consideró debatible el fondo y las motivaciones del dictamen.
Fuente: Cooperativa
