La Contraloría General de la República emitió el informe que buscó constatar irregularidades en la recepción, custodia y uso de ventiladores mecánicos y otros elementos, que se adquirieron en el contexto de la pandemia de covid-19.
Lo anterior, luego que se conociera la existencia de ventiladores mecánicos sin uso, abandonados en bodegas y otros con fallas técnicas. También hubo pagos adelantados por equipos que no llegaron o no pudieron ser utilizados por falta de mantención.
Por esta razón, el ente fiscalizador buscó determinar a través de una auditoría si los organismos públicos competentes “establecieron medidas de monitoreo y control respecto de los mencionados procesos, asociados a los bienes adquiridos y a los servicios contratados, y verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia y si las transacciones se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas”.
Dichos organismos son la Cenabast, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020. Cabe destacar que en ese periodo estaba en ejercicio en esas funciones Arturo Zúñiga, hoy convencional constituyente.
Las conclusiones de Contraloría sobre los ventiladores mecánicos
Respecto de las órdenes de compra, la Contraloría apuntó a los 291 equipos de ventilación mecánica que el pasado 29 de septiembre de 2020 se encontraron nuevos y sin uso en una bodega. Todos ellos fueron recibidos conforme por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en ese entonces encabezada por Zúñiga.
En los próximos 60 días hábiles, las dos subsecretarías deberán acreditar el resultado de la revisión de estos equipos, junto con indicar qué pasó con los que se entregaron a distintos establecimientos de salud y presentaron fallas operativas.
Sobre este punto, Contraloría indicó que “el Ministerio de Salud deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de investigar y determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la adquisición y recepción conforme de tales equipos, que permanecían almacenados en bodega a la fecha de ejecución de esta auditoría, sin haber podido ser utilizados para enfrentar la emergencia sanitaria”.
Ventiladores “no recomendables para pacientes con obstrucción pulmonar covid”
El organismo también comprobó que la Subsecretaría de Redes Asistenciales requirió a la Cenabast la adquisición de 200 ventiladores mecánicos invasivo, “por los cuales dicha Subsecretaría se habría comprometido a pagar un anticipo equivalente al 30% del precio total ofertado”.
El informe señala que una vez recibida y distribuida la primera partida de 50 equipos, se pagaría el saldo restante y se recepcionarían los ventiladores restantes, “lo que no había ocurrido a la fecha de cierre de la auditoría“, esto es, el 3 de diciembre de 2020. Ya para esta fecha, Arturo Zúñiga había dejado la subsecretaría y pasó a manos de Alberto Dougnac.
En ese contexto, se advirtió que 50 ventiladores distintos a los ofertados y enviados por el proveedor estaban almacenados en la bodega de la Cenabast, también sin uso, situación que la Subsecretaría de Redes comunicó. De acuerdo al escrito, “su aplicación no era recomendable en pacientes con obstrucción pulmonar tipo COVID, motivo por el cual no fueron distribuidos”.
El 18 de agosto de 2020, Zúñiga remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para evaluar acciones judiciales. Por lo tanto, la Subsecretaría deberá informar de estas diligencias y otras medidas adoptadas.
Ni multas, ni recepción conforme
La Contraloría detectó que la Subsecretaría de Redes Asistenciales no cursó multas por más de $5 millones a una empresa que debía reemplazar oportunamente dos equipos retirados del Hospital San Juan de Dios para su mantención.
“Al respecto, y en lo sucesivo, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en conjunto con los servicios de salud, deberán fortalecer los controles para el reconocimiento de los incumplimientos establecidos en los contratos que suscriben, dando inicio oportuno al respectivo proceso de cobro”, sostuvo el ente fiscalizador.
Además, informó Contraloría, “se constató que, al 30 de noviembre de 2020, ninguna de las señaladas Subsecretarías había publicado en el sistema de información de compras públicas la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos mediante trato directo entre los meses de marzo y junio de 2020″.
A su vez, la Cenabast también deberá enviar al organismo fiscalizador los documentos del procedimiento disciplinario interno, de cara a investigar estos hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Fuente: adnradio.cl
