La Contraloría General de la República se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre si corresponde que Rodrigo Rojas Vade, renunciado «de facto» pero no formal ni legalmente a la Convención Constitucional, continúe recibiendo la dieta de 50 unidades tributarias mensuales, equivalentes a alrededor de 2,6 millones de pesos, monto establecido en la reforma que habilitó el proceso para elaborar una nueva Carta Fundamental.
La semana pasada el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el organismo del Ejecutivo mandatado para prestar funciones de apoyo técnico, administrativo y financiero a la Constituyente, planteó el tema, a través de un oficio, al contralor Jorge Bermúdez, alegando la existencia de un presunto «vacío normativo» al respecto.
Rojas Vade, ex La Lista del Pueblo, se apartó en los hechos del órgano constituyente a medidados de septiembre pasado tras destaparse que durante años fingió padecer cáncer, enfermedad que utilizó como bandera de campaña para ser electo. Sin embargo, como aquella causal no está dentro de las contempladas para poder renunciar al cargo, legalmente sigue integrando la Convención y, por consiguiente, percibiendo salario.
Atendiendo a los distintos artículos del capítulo XV de la Constitución vigente, que habilitó este proceso para una nueva Carta Fundamental, el órgano contralor concluye que «aparece de forma inconcusa, por una parte, que no corresponde a esta Contraloría General acometer la interpretación del precepto constitucional que se ha requerido para suplir un supuesto vacío normativo, toda vez que ello implica incidir en la autonomía que el ordenamiento le reconoce a la Convención Constitucional».
Asimismo, el dictamen sostiene que, «por otra parte, el hecho de que esa Secretaría de Estado (Segpres) haya sido designada como la encargada de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero, y que la ley de presupuestos haya consultado circunstancialmente esos recursos en la partida de dicha entidad, no implica que se encuentre habilitada para afectar la autonomía de la Convención Constitucional, debiendo limitarse a dar estricto cumplimiento a la labor encomendada».
El 20 de septiembre, cuando anunció su decisión de no seguir participando, Rojas Vade aseguró que no aceptará dinero por los días que no trabajará «sin justificación», afirmando también que: «Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo».
No obstante, hasta hoy no se conoce qué ha hecho ni si ha donado los dineros que ha recibido los últimos meses como dieta de convencional.
En paralelo, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de perjurio, debido a que en su declaración de patrimonio había asegurado mantener una deuda de 27 millones de pesos por un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que no padece.
Fuente: Cooperativa
