En el marco de su primera visita a la Región de La Araucanía -y a regiones en general- al mando de la Subsecretaría del Interior, Luis Cordero abordó los nuevos antecedentes dados a conocer este miércoles en la audiencia de garantía de cautelares solicitada por la defensa de su antecesor, Manuel Monsalve.
La sesión se desarrolló en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y tuvo por objeto que los representantes legales del médico socialista (con militancia suspendida) accedan a información respecto a la investigación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte desarrolla en su contra por la denuncia de violación presentada por una asesora de la repartición que lideró hasta el pasado jueves.
En la audiencia, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, reveló que Monsalve instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones antes de que se concretara la denuncia por los hechos que se habrían registrado entre el 22 y el 23 de septiembre. No solo la revisión de las cámaras del hotel Panamericano donde habría sucedido la agresión sexual, sino también acercarse “con sigilo” a la víctima.
Inquirido por los medios en un punto de prensa desde la Macrozona Sur, Cordero optó por responder sobre gestiones del exsubsecretario con la PDI.
“Quiero distinguir dos cosas: uno, los hechos denunciados, que son origen de la denuncia y de la querella contra el exsubsecretario Monsalve, son graves, son gravísimos en sí mismos. En segundo, algunas acciones que él ejecutó en el periodo intermedio que están siendo objeto de investigación, de ser ciertas, son gravísimas también”, expresó.
El exministro de Justicia, apuntó además que “el Ejecutivo repudia cualquier acción que él o cualquier funcionario público en el ejercicio de su cargo suponga un ejercicio indebido de la función”.
Y luego agregó: “Respecto del exsubsecretario Monsalve, como cualquier funcionario público que haga uso indebido de sus atribuciones o de bienes del Estado, requiere no solo una investigación adecuada, sino que una sanción severa”.
Previamente, la respuesta del gobierno, a través de la ministra vocera, Camila Vallejo, fue trasladar todo el peso del caso a sede judicial, sin referirse a los datos expuestos por el fiscal Armendáriz.
“Al Ejecutivo no le corresponde ya opinar ni pronunciarse sobre un proceso judicial que está en curso”, retrucó la portavoz ante las consultas de la prensa.
Fuente e imagen: latercera.cl
