Después que el Gobierno informara que notificó la expulsión a los colombianos que agredieron a carabineros en la capital regional, fue el vocero de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini, el que aclaró que ese proceso administrativo deberá esperar, ya que primero se debe resolver el proceso judicial de los imputados.
Es decir, hasta que no se determine penalmente la situación de los colombianos que agredieron a carabineros, el proceso de expulsión determinado por el Gobierno no se puede concretar.
Ello, porque los 13 colombianos a quienes se les notificó su expulsión, mantienen un proceso penal vigente, donde recientemente 12 fueron reformalizados, pese que recordemos el Gobierno anunció que fueron notificados por la PDI para que en las próximas semanas abandonden el país.
En ese contexto, el ministro vocero de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini, fue claro en que primero se debe establecer penalmente la participación de los imputados en la agresión a los efectivos policiales y después recién se puede proceder al trámite de expulsión.
De acuerdo a lo informado por el vocero del tribunal de alzada, la actual legislación contempla que ciertas penas puedan cumplirse con expulsión o inhabilitación de ingresar al país, pero ello es definido solo después de determinar la culpabilidad de los imputados, es decir, «siempre lo que prima es el proceso judicial, por tanto, cualquier actividad administrativa queda suspendida o en espera del resultado judicial» cerró el vocero de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
En ese contexto, el tribunal de alzada declaró admisible el primer recurso de amparo en el caso de los 13 extranjeros a quienes se les decretó su expulsión. El recurso se declaró admisible ayer y se entregó 24 horas a la subsecretaria del interior para informar.
El recurso es en favor de 6 de los 13 expulsados. Además la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dió orden de no innovar deteniendo de esta forma el trámite de expulsión.
