En un fallo histórico, y en un duro golpe que sienta jurisprudencia ambiental a nivel nacional, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó que el sitio de disposición transitoria de residuos domiciliarios ubicado en Puntra El Roble cierre definitivamente, y que toda la basura que se haya colocado ahí sea retirada.
De acuerdo a la sentencia, el máximo tribunal del país indicó que los actos administrativos que autorizaron el funcionamiento del recinto son arbitrarios e ilegales, vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, esto en atención a que en opinión del tribunal, el lugar no tenía la calidad de «transitorio» sino que «un sitio de disposición final».
El fallo es un duro golpe hacia la Seremi de Salud de Los Lagos y la Municipalidad de Ancud, y abriría una dura batalla legal para determinar las responsabilidades detrás de todas las resoluciones que autorizaron el uso de dicho lugar, y que podría llegar a significar el desembolso de varios millones de pesos. Además, sentaría jurisprudencia respecto al funcionamiento de los otros nueve vertederos municipales que funcionan dentro de la isla de Chiloé, y que están en calidad de ilegales al no tener resolución de calificación ambiental para su funcionamiento, con varios de ellos con orden de cierre hace más de una década.
Así las cosas, el tribunal ordenó «la paralización, una vez transcurrido el plazo de 90 días, y el retiro de todos los desechos sólidos domiciliarios)que en forma transitoria se ha ordenado disponer en el predio de “Puntra El Roble” desde el 11 de enero de 2020, de manera tal que ambiental sea ubicado en un sitio de disposición final legalmente autorizado».
Aunque respecto a este último punto no se indica quién o quienes deberán ser los responsables de retirar los residuos domiciliarios, la sentencia da a entender que debiera ser el mismo Municipio, aunque debido a que se indica que los actos administrativos impugnados provinieron desde la Seremi de Salud de Los Lagos, sería esta última la que debiera financiarlos.
Al cierre de esta nota, ni desde la Municipalidad de Ancud ni desde la Seremi de Salud de Los Lagos se han pronunciado respecto a este fallo, cuya ejecución práctica tendría un costo inicial que podría rondar los 35 millones de pesos al día y son 90 los que se otorgaron de plazo por el máximo tribunal.
