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Un increíble giro al cabo de 10 años, tuvo el acuerdo suscrito entre la empresa Pilmaiquén SA, hoy propiedad de la compañía estatal noruega Statktaft, y el agricultor de Osorno Juan Carlos Fuchslocher, quien el 19 de mayo fue notificado del fallo de la Corte Suprema de Justicia que le hará perder todo su campo, luego de que parte de este fuera expropiado para la instalación de la Central Rucatayo.
Los hechos se remontan a 2007, cuando Pilmaiquen SA, entonces controlada por Isidoro Quiroga y María Victoria Quiroga, Germán Guerrero Falcón, Germán Guerrero Espinoza, Rodrigo Guerrero Falcón Bruno Phillipi, Andrés Concha y que en su directorio contaba con la presencia del ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, llegó a un acuerdo con el agricultor de Osorno Juan Carlos Fuschlocher para ocupar un terreno de 28 hectáreas dentro de su predio, lugar donde se construyó la central hidroeléctrica Rucatayo, previo pago de 930 millones de pesos.
Recientemente, en fallo dividido de 3 a 2, la Corte Suprema de Justicia desechó dicho acuerdo de 2007, como asimismo el fallo del Primer Juzgado de Letras de Osorno que ratificó la validez del mismo. Y no sólo eso. También desechó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia favorable al agricultor local y lo obrado por la Comisión de Hombres Buenos que había sido solicitada por la misma Pilmaiquén SA y que ya había rebajado el monto a $760 millones de pesos. Así, la Corte Suprema señaló que sólo corresponde una compensación de $200 millones.
Para el agricultor osornino Juan Carlos Fuschlocher, el tema es evidente: la empresa pagó lo que quiso, no lo que correspondía, como había sido ratificado incluso en una instancia técnica como la Comisión de Hombres Buenos.
En el juicio sobre reclamación del valor fijado por la Comisión de Hombre Buenos, que ya era 170 millones de pesos inferior a lo acordado por la misma empresa en 2007, la Corte Suprema determinó que, pese a la evidente aptitud eléctrica del terreno, que generaba que no se debiera invertir nada en encajonar el río, ya que el cajón natural existía, lo que la empresa debía pagar en realidad eran sólo 200 millones, aún contra la voluntad del dueño, que solo había accedido al proyecto pues legalmente no le cabía otra posibilidad.
Al respecto, el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO AG, Christian Arntz aseveró que al gremio le preocupa profundamente que una empresa de generación eléctrica no agote todas las instancias posibles para llegar a acuerdos en este tipo de materia donde dos rubros trascendentales para la economía regional, como son el energético y el agrícola, se encuentran.
El fallo de la Corte Suprema fue una sorpresa, pues a la fecha, por servidumbres para instalar simples torres para cableado eléctrico, las empresas pagaban más dinero en contratos voluntarios que permiten a los dueños continuar usando íntegramente el campo, que lo que la Corte Suprema establecía por el uso íntegro de las 28 hectáreas, y en un contexto ciertamente más invasivo para el entorno rural, dado por todo lo que implica una Central Hidroeléctrica a metros del hogar.
De esta manera, la Corte Suprema no sólo determinó que el agricultor perdiera sus 28 hectáreas, sino que además, debía devolver más de 700 millones que había recibido de la empresa años antes, luego de la consignación que esta hiciera para ingresar al predio.
Como éste ya no tiene el dinero, la empresa le embargó todos los bienes, incluido el remanente de tu campo, sus vacas, y derechos de agua. Pese a que a través de uno de sus asesores la empresa informara a Fuchslocher que no exigiría el pago, pues nunca habría sido esa la idea, la empresa ha solicitado el cumplimiento de la sentencia, lo que ha notificado el 19 de mayo de 2017. Esto implica que prontamente, Juan Carlos Fuchslocher y su madre, deberán abandonar el predio centenariamente familiar, ante la imposibilidad de restituir lo pagado.
El tribunal de Osorno, y luego la Corte de Apelaciones de Valdivia en fallo de 3 por 0, había desechado la pretensión de la empresa. En tanto, la votación en la Corte Suprema fue 3 a 2 y en ella, el voto que zanjó el tema corresponde a un abogado integrante, quien además redactó el fallo. Aquel corresponde al abogado Rodrigo Correa, abogado que ha compartido sala con Ramón Cifuentes, abogado de la empresa Pilmaiquén, en la redacción de fallos de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Chile. La defensa de Fuchslocher aseveró que, por la transparencia debida, este debería haberse abstenido de conocer la causa en que participaba su colega comisionado de la Comisión de Ética.
