El Pleno de la Corte Suprema zanjará hoy el futuro del suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias al interior de Ministerio Público. Y es que para la jornada de este viernes está agendada en el Salon de Honor la audiencia en que se llevarán a cabo los alegatos por la solicitud de remoción realizada por el persecutor nacional, Jorge Abbott, a raíz de los resultados de una investigación interna iniciada contra Arias por las denuncias realizadas por el subalterno de este último, el adjunto Sergio Moya, hoy también suspendido por otro caso.
Fue a fines de septiembre del año pasado cuando Abbott resolvió, en el marco de dicho proceso administrativo y sobre la base de lo que tildó como un «mal comportamiento y negligencia manifiesta», imponer a Arias la máxima sanción contemplada para un miembro del ente persecutor. Esta última consistió en la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo de dos meses con un goce de media remuneración, el cual terminó extendiendo a la fecha. Paralelamente, Abbott solicitó a la Suprema iniciar el proceso de remoción por 12 cargos, entre ellos la reiteración de conductas alejadas de la normativa institucional y la filtración de información confidencial.
Por su parte, Arias presentó sus descargos y aseguró, dentro de otros argumentos, que los persecutores regionales no tienen responsabilidades políticas, y que se le busca expulsar por hechos prescritos o que ni siquiera dieron origen a investigaciones disciplinarias.
A fines de diciembre se llevó a cabo la recepción de pruebas, la que recayó en el también supremo Mauricio Silva, y contó con el testimonio de otros fiscales regionales, además de funcionarios administrativos. Serán 14 Supremos los que estarán presentes hoy y deberán tomar la determinación.
En tanto, la ex presidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marisol Peña alegará en nombre de la Fiscalía Nacional, mientras que por Arias lo hará el abogado Cristóbal Osorio. Penalmente, Arias también está siendo investigado. En septiembre fue formalizado por delito informático y violación de secreto, convirtiéndose en el primer regional en ser objeto de una imputación de cargos.
Fuente: Emol
