Fueron cerca de 11 convulsionadas horas las que desembocaron en la salida de Sergio Muñoz como director general de la Policía de Investigaciones (PDI), tras verse involucrado, indirectamente, en el marco del llamado caso Audio.
Todo comenzó la mañana del viernes, cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente informó a las 9.53 horas que se llevaron a cabo diligencias en el domicilio y oficina de Muñoz. Esto, tras la solicitud de dicho ente el jueves 14 de marzo.
¿La razón? Según esa fiscalía, el operativo se fundamentó «en las pericias del celular de Luis Hermosilla -quien está imputado en la causa- desde el cual se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI».
Luego de que se conoció públicamente el allanamiento hubo una serie de reacciones. La primera de ellas, desde la propia PDI.
Las primeras horas tras el allanamiento
A través de un comunicado, desde la PDI informaron «que, la institución y el director general, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos».
Y añadieron que «como institución permanente del Estado de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública y el país».
Como se trata de la máxima autoridad de la policía civil, la información causó revuelo mediático. Y pasado el medio día, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue la primera voz del Gobierno en referirse a la situación, quebrando el hermetismo -hasta esa hora- desde el Palacio de La Moneda.
En un punto de prensa, la secretaria de Estado aseveró que «esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y en definitiva no termine perjudicando a las personas».
En ese sentido, afirmó que «como Gobierno, nos preocupa. (…) Y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley».
Tras el primer pronunciamiento al respecto por parte del Ejecutivo, los ojos se centraron en la presencia de Muñoz en la sede de Gobierno. El ahora ex director general de la PDI fue citado por autoridades del Ejecutivo para analizar su situación pasadas las 14 horas.
Si bien se sabía de su presencia en el Palacio de La Moneda, tras una hora de reunirse con la titular del Interior, hubo completo hermetismo. Pero donde no hubo hermetismo fue desde la esfera política. Ya que mientras se realizaba la reunión entre el Ejecutivo y Muñoz, parlamentarios hacían referencia a su salida.
Así, los diputados miembros de la comisión investigadora que se conformó para analizar eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a propósito del caso Audios apuntaron a que es un caso «grave» y que se debe esclarecer a la brevedad.
Por ejemplo, el diputado Miguel Mellado (RN) dijo que «al parecer los tentáculos de Luis Hermosilla y compañía no sólo alcanzaba – según ellos afirmaron en audio – al SII y la CMF sino que también alcanzaba al máximo jefe de la PDI, esto es grave y se debe saber rápido el por qué el director entrega esa información a Hermosilla».
Desde el oficialismo, el diputado Boris Barrera (PC) señaló que «nos parece extremadamente grave (…) que ahora se allane la oficina y la casa del director general de investigaciones, o sea, de la autoridad máxima que tiene que velar por la lucha contra todos estos delitos, contra la delincuencia, contra el crimen organizado, y que podría haber ahí algún vínculo, algo que vulnera la ley».
Mientras que el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, dijo en Meganoticias que «respetando la presunción de inocencia, si esto es verdad, o sea, si hay un delito de esta calaña cometido por el señor Director General de la Policía e Investigaciones, que tiene todo el derecho a la defensa, no estoy diciendo que sea culpable, pero si resulta culpable, tiene que ser la pena más grave, porque él tiene una cuestión que los abogados se llama deber de garante, la sociedad le entrega una confianza adicional ¿Cómo va a combatir al Tren de Aragua así?».
Las idas y vueltas de Muñoz a La Moneda
Tras las diversas reacciones, Muñoz hasta las 18.00 horas de ayer, se mantenía en el cargo. En el Palacio de La Moneda así lo sostenían.
A esa hora el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartaba que Muñoz hubiese presentado su renuncia al cargo. La autoridad de Gobierno enfatizó en que el día de su formalización -programada para el próximo martes- podría generarse un «punto de inflexión» en base a los antecedentes que se expongan en la audiencia. «El Gobierno quiere reiterar algo.
El Gobierno en democracia considera que no hay nadie que esté por sobre la ley y respalda la autonomía de los poderes del Estado que llevan adelante la investigación», comenzó señalando Monsalve.
Y agregó que «respecto a las decisiones que eventualmente el Gobierno pueda tomar, como también lo hemos dicho en otras oportunidades, la formalización en una causa que está siendo investigación para el Gobierno siempre constituye un punto de inflexión respecto a los cuales tomar decisiones. Por tanto a la audiencia (…) es un punto para la toma de decisiones relevantes».
Luego, cerca de las 19.00 horas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar una querella criminal «por diversos hechos constitutivos de delitos» en contra Muñoz.
«El Consejo participará en la audiencia de formalización en representación del Estado, la que se llevará a cabo el 19 de marzo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por tratarse de hechos que revisten la máxima gravedad, cometidos por quien ejerce el más alto cargo de esa institución policial», enfatizó el CDE.
Como reloj de arena, hasta ese entonces Muñoz se mantenía en el cargo. Pero todo daría un giro cuando se informó que volvió presencialmente al Palacio de La Moneda a reunirse con el presidente Gabriel Boric.
La renuncia
Y ante esa reunión, su salida parecía inminente. En cosa de minutos y a las 20.53 horas, Presidencia oficializó su salida.
En un comunicado, se informó «el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia al cargo del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez. De acuerdo de la ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el director será subrogado por el oficial general más antiguo. En este caso, el prefecto general Claudio González Hofstetter».
Sin embargo, las idas y vueltas de Muñoz a la sede de Gobierno abrieron las especulaciones sobre la mantención de su cargo tras la «ratificación» que hubo a las 18 horas -previo a la oficialización de su salida-.
Por eso, Monsalve aclaró que fue el propio Muñoz quien decidió renunciar y descartó un cambio de postura por parte del Ejecutivo.
«La posición del Gobierno no ha cambiado, no ha variado, lo que cambió es una decisión del general director de la PDI que decidió presentar su renuncia, y el Presidente decidió aceptarla», dijo Monsalve.
Así, con la ratificación de su salida, desde la esfera política, tanto en la oposición como en el oficialismo coincidieron en que lo más oportuno era que Muñoz diera un paso al costado, o bien que el Gobierno le pidiera la renuncia ante la gravedad de los delitos en los que estaría involucrado.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que «la renuncia del director Sergio Muñoz era lo que correspondía, porque no se le podía hacer daño a la PDI». A su vez, Jorge Durán (RN) afirmó que la renuncia del director general se dio «tarde». «Estiró bastante el chicle Sergio Muñoz, pero hizo lo correcto».
Mientras que en el oficialismo el diputado Marcos Ilabaca (PS) concordó en que «la situación de Muñoz era insostenible».
Reacciones del Gobierno: Sábado
Tras la salida, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que es un «delito gravísimo» por dos razones.
«Es un delito gravísimo, gravísimo por las características de la autoridad y gravísimo también por la señal que importa el rol que cumplimos todos aquellos quienes desempeñamos una función pública», dijo el secretario de Estado en Meganoticias.
El titular de Justicia explicó que «no cualquier información está calificada de secreto en el Estado y, por lo tanto, el celo sobre el cual esa información tiene que ser resguardada es esencial», pero además «en el caso de la investigación criminal, el hecho de que sea el director el que entregue esa información, lo dota todavía de mayor gravedad».
Cordero aseguró también que «en este tipo de cosas creo que es importante tener en consideración que las responsabilidades son personales y no institucionales».
Con todo, Muñoz enfrentará a la justicia el martes, cuando se realice la audiencia a partir de las las 09.00 horas.
