Así lo dio a conocer el director ejecutivo del gremio, Cristian Arntz, quien en entrevista con Radio Sago explicó la posición que representan ante la firma de este acuerdo por parte del presidente Gabriel Boric.
La primera crítica, señaló Arntz, apunta a lo general que está redactado el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en garantía de derechos que están en la Constitución chilena y no serían necesarios de pactar internacionalmente, señaló el director ejecutivo de SAGO.
Según indicó Arntz, este acuerdo agravaría la excesiva judicialización de muchos proyectos de desarrollo que se ven entrampados por normativas ambientales, lo que se profundizaría con la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Además, criticó el hecho de que las consultas indígenas sean vinculantes, aun cuando las diferencias y problemas ambientales se deben resolver de forma técnica, señaló el representante del gremio, lo que retrasaría aún más la ejecución de proyectos.
Ahora el proyecto firmado por el presidente deberá ser aprobado en ambas cámaras del Congreso para entrar en vigencia, teniendo su primer trámite en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.
