A las 10 de la noche del miércoles 22 de julio, luego de largas horas de debate y votación en torno a la reforma que habilitó el retiro del 10% de los fondos provisionales, el Senado aprobó un inciso: que los fondos no serían «objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa». La normativa contenía una excepción: las «deudas originadas por obligaciones alimentarias».
El tema ya estaba instalado en el Congreso. A comienzos de julio, la Cámara de Diputados despachó a segundo trámite el proyecto de ley que busca facilitar el pago de pensiones alimenticias a través de la retención de la remuneración de los padres que no cumplan con la obligación.
La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los diputados, con 150 votos a favor, y fue despachada al Senado. Durante la discusión apareció un dato: solamente un 16% de los padres que deben pagar pensión alimenticia cumplen de manera oportuna y sin retrasos. La cifra implica que cuatro de cada cinco padres no paga, lo hace en forma insuficiente o fuera de plazos, detalla Emol en du edición de hoy viernes.
Esta realidad se hizo más visible luego de la aprobación del retiro del 10%: las solicitudes de liquidación de deuda por concepto de alimentos en los Juzgados de Familia aumentaron 25 veces, según datos del Poder Judicial.
La demanda fue tan alta que se trabajó rápidamente para generar un mecanismo accesible y fácil para quienes necesitaran realizar el trámite. En los primeros tres días desde que se habilitó la plataforma específica para dicho fin, se realizaron 160.311 solicitudes de retención judicial del retiro del 10%.
Además se hicieron otros 163.498 requerimientos relacionados con pensiones alimenticias, como apremio por deuda, lo que eleva el total de las solicitudes a 323.809.
Hasta ahora, la retención está condicionada a un factor: quien mantiene la deuda debe solicitar el retiro de sus fondos, que es voluntario, para que un Juzgado de Familia determine retener el porcentaje correspondiente por los montos impagos. De no solicitar el retiro, el dinero no se podrá embargar.
Este jueves, ese escenario también cambió: dos iniciativas buscan que los fondos puedan ser entregados incluso si la solicitud de retiro no fue hecha por el padre o madre deudor.
El Gobierno también se sumó al debate. Durante la misma jornada, la Cámara Baja despachó a ley el proyecto impulsado por el Ejecutivo que busca ayudar a las familias de clase media en medio de la pandemia, y que incluye un bono de $500 mil para las personas cuyos ingresos hayan disminuido significativamente.
En ese contexto, la nueva ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, señaló que el elevado número de solicitudes para retener los fondos provisionales por pensión alimenticia «son más que un número».
«Es el derecho de niñas, niños y adolescentes. Por eso el proyecto clase media también retendrá hasta 50% del bono a quienes no hayan cumplido su obligación», dijo.
«Las cifras son brutales»
«Hoy hemos presentado un proyecto de reforma constitucional para habilitar a los jueces de familia que puedan ordenar el retiro forzoso del 10% para aquellos padres que, siendo irresponsables con sus hijos, no han sido capaces de pagar la pensión alimenticia. Muchos de ellos, como hoy día saben que hay una retención, prefieren no solicitar el retiro del 10%. En este caso, nosotros habilitamos al juez para que pueda ordenar el retiro del 10% para ir a pagar la deuda con su hijo o hija, que nos parece lo justo».
Fueron las palabras con las que el diputado liberal Vlado Mirosevic dio a conocer en redes sociales la iniciativa presentada junto a su compañero de bancada, Alejandro Bernales. «Las cifras son brutales y por lo tanto hay que terminar con esta injusticia a través de este retiro forzoso del 10% para aquellos padres irresponsables», añadió.
No es el único proyecto que persigue el mismo fin. Una iniciativa propuesta por un grupo transversal de senadoras también busca que quien demanda el pago de la pensión sea autorizado por los tribunales de Familia para poder realizar el retiro del 10% del deudor.
A la cabeza del proyecto se encuentra la senadora Isabel Allende (PS), pero fue respaldada por Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Ximena Órdenes (Ind) y Carmen Gloria Aravena (P. Republicano).
El objetivo de la idea es «evitar que los padres con deudas alimentarias no realicen el retiro y, por tanto, no se puedan cobrar de allí». «Estamos proponiendo una reforma constitucional para que la demandante pueda ser autorizada por la o el juez de familia y pueda pedir el retiro del monto adeudado, con cobro al 10%», señaló Allende.
«Es vergonzosa la cantidad de miles de padres que no han cumplido con la responsabilidad respecto a sus hijos y han dejado a las mujeres y a sus hijos en la indefensión». Si bien cualquier progenitor que no tenga el cuidado personal de su hijo asignado puede ser demandado por pensión alimenticia, una apabullante mayoría de deudores impagos son de género masculino. Según datos de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en nueve de cada diez causas las demandantes de alimentos son mujeres.
