La magistrada del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, Paulina Tapia, dictaminó la prisión preventiva de F.J.D.S.V. , de 18 años, único imputado en el crimen de Richard Barría Triviño, electo concejal por Llanquihue.
En la audiencia de formalización, la que se extendió por más de dos horas, el fiscal de caso, Fabián Fernández, sostuvo que en este estado procesal se enmarca dentro de un homicidio simple, detallando que el imputado omitió varios hechos en su declaración, asimismo de mentir.
Además, puntualizó que el asesinado ocurrió entre la noche del 30 y madrugada del 31 de mayo pasado, donde el inculpado provocó más de 30 lesiones en el cuerpo de Barría Triviño, siendo una «penetrante de 5 centímetros de profundidad con sección de la arteria carótida, lesión que ocasiona la muerte a la víctima en el lugar».
Por su parte, el abogado querellante y que representa a la pareja del concejal Barría Triviño, Sebastián Yuraszeck, puntualizó que no se puede descartar a otros participantes del homicidio y que este puede ser caratulado como calificado.
En tanto, el abogado defensor, Sergio Díaz Bravo, esgrimió una eventual legítima defensa por parte del joven de 18 años, además de la atenuante de colaboración.
Asimismo, reiteró que el crimen se dio en el contexto de una posterior agresión de connotación sexual en la que habría incurrido el concejal en contra de su representado.
El letrado, en su exposición, expuso algunos hechos ocurridos en la convivencia que sostuvieron Barría Triviño con el imputado, que daban cuenta de la orientación sexual del edil.
Cabe precisar que antes de aquello se determinó suspender de manera momentánea la transmisión de la audiencia por parte del canal digital del Poder Judicial, sin antes de que el abogado Díaz Bravo preguntara lo siguiente: «No sé si la condición sexual de la víctima es un problema de honra».
Resolución
Tras el debate de los intervinientes, la jueza de Garantía accedió a la prisión preventiva del joven de 18 años, indicando que no hay antecedentes de colaboración por parte del imputado, ya que los funcionarios del OS9 de Carabineros, reveló, ya estaban cerrando el círculo para su detención que era inminente.
Agregó la magistrada que tampoco hay datos que pudieses acreditar la legítima defensa o que sea un homicidio calificado.
Finalmente, se estableció un periodo de 120 para la investigación de este caso.