Fueron miles los habitantes de Osorno y Puerto Octay los que sufrieron con la interrupción de suministro de agua potable, tras problemas con la distribución en los meses de julio y septiembre pasados.
En el primer caso se produjo una suspensión de 10 días, luego de que un operario olvidara cerrar una llave con que llenaba de petróleo el estanque de un motor de la planta Caipulli, mientras que en el segundo llegó a los 20 días, a raíz de la contaminación de los estanques con diluyente.
A raíz estas situaciones es que el diputado Harry Jürgensen presentó un proyecto de ley que obliga a las empresas que se dedican a la distribución de agua potable a contar con seguridad, protección y vigilancia permanente en sus plantas de tratamiento.
La idea según explicó es “prevenir la acción de terceros ya sea voluntaria o involuntariamente que pueda interrumpir un servicio público básico tan esencial y fundamental como lo es el agua potable”.
En su proyecto, el legislador RN recordó que muchas plantas se encuentran en lugares de fácil acceso, “por ejemplo a través de ríos de donde se extrae el agua a potabilizar o porque quedan en un lugar retirado o poco concurrido y sin vigilancia”.
