Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la visibilización de las distintas formas de abuso a las que pueden estar expuestas las mujeres, como la violencia física, sexual, económica, psicológica y simbólica, las que se pueden desarrollar en espacios públicos o privados.
Asimismo, esta iniciativa se preocupa de incorporar tipos penales que no habían sido incluídos en la actual legislación y que se hacen necesarios para construir un cambio cultural con respecto a la dignidad de la mujer.
Entre las figuras legales están el delito de femicidio y maltratos dentro del pololeo (actualmente solo se incluye en casos de matrimonios o cónyuges), el acoso sexual en lugares públicos y sanciones para quienes difundan sin consentimiento fotografías íntimas, que han sido captadas con el permiso de la víctima.
A la vez, entrega responsabilidades y obligaciones a los órganos del Estado como los ministerios de Salud, Educación, Mujer y Equidad de Género, Interior y Seguridad Pública, Desarrollo Social y Derechos Humanos, con el fin de garantizar que se cumplan los objetivos de la normativa en sus áreas.
Tras la aprobación del proyecto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, destacó que el actual gobierno “está cumpliendo con uno de sus compromisos prioritarios: tolerancia cero a la violencia y, para ello, impulsamos una reforma que reconoce que la violencia contra las mujeres se ejerce no sólo en la familia, sino también en el espacio público; fortalece la institucionalidad para combatirla y contribuye al cambio cultural”.
Fuente: CNN
