La Sala de la Corporación analizó en particular la iniciativa que genera normas especiales para quienes fueron víctimas de lesiones y mutilaciones en el contexto de las movilizaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019.
La normativa ahora pasa al Senado, pero desde el oficialismo hicieron reserva de constitucionalidad y apuntaron que debería incluirse a las pymes afectadas por saqueos y daños.
Al respecto, el Diputado por Osorno, Harry Jurgensen, manifestó que votó en contra de este proyecto, indicando que es un precedente negativo para el país.
Por su parte, la Diputada Emilia Nuyado, sostuvo que el Estado tiene del deber de asumir una responsabilidad con las víctimas.
Dicha iniciativa establecería disminuir el estándar probatorio para que las víctimas accedan a justicia reparatoria, tomando como base que el Estado incurrió en una falta de servicio al no proteger los derechos a la vida, la integridad física y psíquica de los manifestantes o quienes estaban presentes en el lugar donde se desarrollaron protestas.
Lo anterior sin perjuicio de que las personas hayan estado participando en movilizaciones ni de las investigaciones que se estén realizando en su contra o enfrentando condenas, tanto a nivel nacional como internacional.
