Si bien los gobernadores regionales pueden ser objeto de una acusación constitucional, lo cierto es que existe una omisión en la Carta Magna, al no estar establecidos como “sujetos pasivos”, expresamente en el artículo 52 N°2, que “no incluye a los gobernadores regionales en su enumeración”. Esta situación es la que los diputados de la bancada de Renovación Nacional, encabezados por Paula Labra, además de Camila Flores y Miguel Ángel Becker y Bernardo Berger -ambos de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara- pretenden solucionar a través de un proyecto de reforma constitucional. Iniciativa que también fue respaldada por Andrés Jouannet (Amarillo).
Los parlamentarios explican que el artículo descrito arriba es un olvido que podría prestarse para diversas interpretaciones, como que “no habilitaría al Parlamento para formular una acusación en contra de los gobernadores regionales”, al no aparecer la designación en el articulado.
Lo cierto es que la figura de los gobernadores regionales, que por primera vez fueron electos a través de las urnas en mayo de 2021, están en la palestra y en la mira de la opinión pública tras revelarse -por parte de algunos de ellos- el traspaso de cientos de millones de pesos a fundaciones “arrendadas” o bien que no cumplieron con lo prometido.
Paula Labra, autora del proyecto de reforma, explicó que en la actualidad “hemos visto un nuevo sistema de corrupción instalado en la administración del Estado, donde uno de los principales actores son los gobiernos regionales”. Añadiendo que el 76% de las transferencias investigadas por el Ministerio Público, “corresponden a traspasos realizados desde gobernaciones regionales, lo que representa más de 23 mil millones de pesos mal utilizados”.
Estos antecedentes llevaron a los parlamentarios -autora y patrocinantes- a presentar el proyecto de reforma que permita, sin interpretaciones equívocas, “acusar constitucionalmente a los gobernadores. Debemos usar todas nuestras herramientas, nuestras facultades fiscalizadoras para asegurar el buen uso de los recursos públicos; sobre todo cuando se trata de recursos que van directamente a la ayuda del crecimiento, del desarrollo económico de nuestras regiones”.
Concluyendo que la iniciativa busca sancionar “a todos aquellos gobernadores que estén involucrados en corrupción, que hagan mal uso de los recursos públicos, sean sujetos de acusación constitucional”.
Camila Flores, en tanto, precisó que “se tiene que poner, sin duda alguna, un fin a estas irresponsabilidades, a esta falta de la probidad y por cierto que a esta comisión de posibles delitos por parte de determinados gobernadores regionales”. Abundando que “tiene que existir, por cierto, la acción penal donde se persiga a estas personas, pero también tienen que existir respecto de ellos responsabilidades políticas”.
Para la legisladora de la Región de Valparaíso, “hemos establecido este proyecto para que quede claramente especificada en la Constitución política que los gobernadores regionales se pueden acusar constitucionalmente. Estamos haciendo mejoras a un vacío legal, puesto que sí está establecido respecto a las funciones que este cumple, las atribuciones que tiene, pero no se especifica el nombre de (ellos) en este numeral de personas que pueden ser acusados constitucionalmente, a diferencia de cómo sí lo pueden ser y así se explica, al Presidente de la República, ministros de Estado”.
Finalmente, dijo que con la reforma se podrá “acusar políticamente, en juicio político, a aquellos gobernadores regionales que no cumplan con sus funciones”.
El diputado Andrés Jouannet, en tanto, relató que “la figura de los gobernadores regionales nació para descentralizar el poder, para tener modelo de desarrollo regional (…) pero la verdad es que eso no está ocurriendo”. En ese sentido dijo que “los gobernadores en general no se están gastando el presupuesto y al final, en diciembre, al ver que no se están gastando el presupuesto, se lo entregan a fundaciones”.
Y recordó que la figura anterior, la de los intendentes, aquel “que no se gastara el presupuesto, era echado, era cesado de su cargo”.
Jouannet precisó que hoy en día no existe sistema alguno de control sobre los gobernadores, y “la acusación constitucional es un elemento que, al igual que los ministros y como efectivamente los gobernadores son parte del poder Ejecutivo, tiene que pesar sobre ellos. Para que tengan al menos un sistema de control, de lo contrario van a seguir haciendo lo que quieran”.
