Una nueva carta en El Mercurio enviaron los economistas del equipo económico del Presidente electo, Gabriel Boric, José de Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdésrespecto a sus cuestionamientos al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU).
En esta ocasión, los académicos respondieron a la defensa de la PGU que hizo la directora de Presupuestos, Cristina Torres, quien entre distintos puntos advirtió que “la responsabilidad fiscal es tarea de todos y el eje central de esta administración ha sido su resguardo, donde no es prudente confundir conceptos técnicos”.
Al respecto, la segunda misiva de De Gregorio, Engel, Repetto y Valdés comienza señalando su agradecimiento a la respuesta de Torres, pero advirtió que “no se hace cargo de nuestros cuestionamientos al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal”.
“Lo primero es que el Gobierno ingresó al Congreso proyectos de gasto y financiamiento separados, arriesgando a que solo se apruebe el gasto. Estamos disponibles a la invitación de la señora Torres a relevar la importancia de que el financiamiento no se entrampe, pero la clave está en el compromiso del Ejecutivo de que eso no suceda, es decir, de no gastar sin financiamiento”, indicaron los economistas respecto al método de tramitación propuesto por la Moneda.
En segundo lugar, acusaron que tampoco se explica “por qué el país puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones cuando este tiene por objeto apoyar el financiamiento futuro de las obligaciones fiscales en pensiones”.
“Por transparencia, Dipres debiera publicar el estudio con el que funda su decisión de ahorrar la mitad. De hecho, si se aumentan los beneficios, la carga fiscal crecerá, lo que debería llevar a ahorrar más”, remarcaron.
Y en tercer lugar, los firmantes apuntaron a las provisiones del Presupuesto 2022 y al programa 2023-2026 señaladas por Dipres.
“¿Reflejan esas provisiones el proyecto previo (ley corta) del que no se aprobó el gasto y tampoco su financiamiento?, ¿qué rol tienen los ingresos fiscales extraordinarios debido al crecimiento de este año a los que se refirió el ministro Cerda en sus declaraciones? Cabe notar que las estimaciones suponen que el gasto se reduce en el período 2023-2026. Adicionalmente, ¿qué sucede con el financiamiento más allá del 2026?”, remarcaron.
De esta forma, acentuaron que “nuestras dudas siguen siendo válidas. Quizás el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tenga algo que agregar a las aprensiones sobre sostenibilidad que manifestó el Consejo Consultivo Previsional en su informe al proyecto”.
“Estamos de acuerdo con la directora en que enfrentar el problema de pensiones es urgente. Pero no es solución si no conlleva responsabilidad fiscal. Un gesto mínimo del Gobierno sería que gastos e ingresos vayan en un solo proyecto, como en la ley corta, además de explicitar qué hay detrás de las estimaciones de financiamiento y pedir la opinión del CFA. Si ello revela que el financiamiento es incompleto, el Gobierno debiera agregar otras fuentes de ingresos”, cerraron.
