Lo peor es que todo ocurre en plena crisis de seguridad, según la ONG “CAMPO SEGURO”.
El ajuste fiscal de la ley de presupuesto lo realiza el gobierno en acuerdo con el Congreso Nacional plantea en una declaración “Campo Seguro”, lo cual significó este recorte de 7.000 millones de pesos del presupuesto operativo del Ministerio Público.
Las Fiscalías de Los Ríos y de Los Lagos en sus cuentas públicas dieron a conocer el aumento de más del 10% en la cantidad de denuncias ingresadas para tramitación, a lo que suma causas de crimen organizado. Además, es una realidad la migración de delitos a zonas rurales afectando a viviendas y junto a ello el robo de insumos y equipos destinados a la producción, como también el recurrente delito de abigeato.
El Gerente de Campo Seguro, Francisco Muñoz hace notar que la medida es contraproducente ante una crisis de seguridad que también ha golpeado al campo.
Muñoz agrega que esperan que esta situación sea revertida en el ámbito político, porque existe una tasa reducida de 3,7 fiscales por cada 100 mil habitantes y además de debe implementar la aprobada ley Antiterrorista.
Campo Seguro es una ONG integrada por los gremios agrícolas preocupados de la seguridad en los sectores rurales que en el último tiempo ha visto incrementado el accionar de la delincuencia.
