El 29 de septiembre del 2022, en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric presentó el presupuesto de la nación para este año. En esa ocasión, según señaló el Mandatario, uno de los ejes era la seguridad.
A casi un año de aquello, el centro de estudios Espacio Público presentó su segundo informe sobre “el gasto de seguridad pública”, el cual -entre otras cosas- busca analizar la evolución del presupuesto nacional en la materia, así como también el impacto del aumento de USD $1.500 millones anunciados el 6 de abril por Boric tras la muerte del cabo de Carabineros Daniel Palma.
La revisión del centro de estudios se centra en tres ejes. El primero de estos es sobre cómo ha variado el presupuesto del país destinado a la seguridad; el segundo es una comparativa con otros países y, finalmente, realiza un análisis por área de los recursos invertidos.
En esto último, Espacio Público advierte que en cuanto a los recursos del Plan Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), uno de los principales anuncios del presupuesto 2023, su ejecución no llega ni al 20%.
Según el análisis, hasta junio pasado la iniciativa de gobierno lleva tan solo un 19,4% de los recursos ejecutados. Por lo mismo, el informe agrega que “no basta solo con los anuncios y la disponibilidad de nuevos recursos, sino también una bajada de cómo estos se traducirán en políticas más robustas para fortalecer la seguridad pública del país, definiendo el cómo y los plazos en los que se dará cumplimiento de ellas”.
En términos generales, el estudio sostiene que el gasto público en seguridad ha disminuido en los años recientes, tanto en términos monetarios por la inflación, como también como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
Pese a eso, el informe sostiene que en general el gasto presupuestario en la materia ha sido constante, sin embargo, el 2019 se produjo una baja sustancial, pasando de un gasto del 7% del presupuesto nacional al 4,5% el 2021. Esto, porque 2020 y 2021 estuvieron marcados por la pandemia, lo que generó un aumento en los recursos destinados por el Estado a protección social.
Patricio Domínguez, director de Espacio Público y académico de la escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, sostiene que “es posible que el problema de seguridad haya perdido relevancia en función de otras demandas que surgieron en el contexto del estallido social y luego la pandemia. Curiosamente, después de esto último, los problemas de seguridad rápidamente volvieron a aparecer en el primer lugar del ranking de prioridad de problemas públicos”. Por lo mismo, cree que “a primeras luces, y considerando el nivel de importancia pública que ocupa el problema de seguridad hoy en día, parece muy obvio y necesario que la tendencia se revierta”.
En esa línea, el anuncio del gobierno -a juicio de Espacio Público- si bien representa el 0,49% del PIB, ello se traduce en que este tendría un impacto en restablecer el presupuesto tras la caída del 2019, así como incrementarlo hasta el 7,4% es acercarlo hasta lo que se gastaba -en promedio- entre 2013 y 2022.
“Cómo saber si un aumento fue suficiente o no. Hoy día tenemos muy pocas herramientas para evaluar el gasto y un incremento sustantivo como el propuesto es una tremenda oportunidad para monitorear el cumplimiento de ciertos resultados. Qué esperamos mejorar con este aumento es una pregunta central que debemos hacernos”, afirma el director del centro de estudios.
Si bien el informe de Espacio Público valora el incremento del presupuesto en materia de seguridad por parte del gobierno, el centro de estudios también sostiene que aquello surge como una oportunidad que si no es aprovechada adecuadamente podría generar frustraciones en la ciudadanía, así como también derivar en un gasto permanente que “no traiga resultados relevantes asociados”.
El informe agrega que el incremento presupuestario también se debe acompañar de una estrategia de seguimiento, evaluación y producción de informes independientes. En ese sentido, afirma que es importante que exista información respecto de los plazos, objetivos y contenidos del incremento del presupuesto, ya que, en casos como el PNCO, el cual invierte más de $ 65 mil millones para diferentes instituciones, no se encuentran mayores detalles de su aplicación.
En tal sentido, Domínguez afirma sobre el 19,4% de gasto presupuestario que “con la información disponible es muy difícil saber la razón de esa baja ejecución y ciertamente preocupa si es que estamos dejando de utilizar recursos que ya están disponibles en una tarea que hoy es de primer orden”.
En esos términos, el director de Espacio Público explica que una de las cosas que han notado en la realización de estos análisis es que cuesta encontrar “una racionalidad explícita de cómo se asigna el gasto en seguridad y, más aún, cómo se reparte entre sus diferentes ámbitos”. A su juicio, esto en parte tiene que ver con una “dificultad propia del sector y con gestiones que dependen de decisiones difíciles de conectar con el gasto”.
Finalmente, el también académico de la UC sostiene que también la discusión en esta área “carece de este tipo de análisis y se pone un excesivo acento en identificar políticas que podrían funcionar, dejando de lado otra pregunta muy relevante: qué es lo más valioso de realizar y a qué costo”.
El presupuesto de seguridad, según el mismo análisis, se divide en diversas instituciones encargadas de la materia. En ese sentido, el 45% está destinado a Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). Le sigue el 32% de gasto la partida de tribunales de justicia, el que además incluye organismos como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública (DPP). Otro 20% está destinado a prisiones. (Ver infografía)
En ese sentido, el análisis arroja que Chile tiene un presupuesto de seguridad dentro del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) según el PIB, y superior a este si se calcula per cápita.
Sin embargo, comparado con los países europeos, el presupuesto del país en seguridad está por debajo de la mayoría. Aun así, hay ámbitos en que Chile gasta más que en Europa, como prisiones y tribunales. Contrario es el caso de la policía, donde el Viejo Continente tiene un presupuesto superior, con más funcionarios por cada 100 mil habitantes.
