Polémica ha generado la información que 40 de los 418 beneficiarios con la pensión de gracia por ser víctimas de ataques de agentes del Estado durante el estallido social tienen antecedentes penales.
Ante esto, ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó que 17 de estos beneficiados recibieron pensiones de gracia durante el Gobierno de Sebastián Piñera y 23 durante la presente administración. No obstante, aseguró que «se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento», el cual fue fijado a través de una resolución exenta del 4 de enero del 2022, durante el gobierno anterior. «En ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales», enfatizó.
Pese a esto, aclaró que dado que es el Presidente de la República quien otorga las pensiones, «si él lo estima pertinente podría revocar el beneficio».
Una alta fuente de Interior en el Gobierno de Piñera revalida esto. «Se estableció que imperaba el daño ocasionado por el Estado a la persona, más que si tuviera o no antecedentes penales, eso no era impedimento. Pero se buscó casos de víctimas de casos graves, gravísimos e incluso muertes».
El pasado 23 de agosto, Luppy Aguirre, jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, se presentó en la comisión de la Cámara de Diputados y señaló que «no es requisito para entregar pensiones de gracia en ninguna de sus categorías, el estar exento de antecedentes penales».
Agregó que «sin embargo, obviamente uno escucha, lee la prensa y hubo cuestionamiento en esta materia. Nosotros no tenemos acceso directo, los la División Jurídica, a los antecedentes penales de las personas, por lo tanto lo que hicimos fue una revisión a través de portal del Poder Judicial, que lo puede hacer cualquier persona, uno a uno cada una de las personas que se consideran pensiones de gracia. Y justamente sí, efectivamente hay personas que tienen antecedentes penales, tanto en las pensiones concedidas por el gobierno del Presidente Piñera como en aquellas concedidas por el Presidente Boric, pero como bien señaló el subsecretario Galli los requisitos están establecidos en la resolución Exenta número 16».
Algunos de los casos más polémicos
Entre los casos más criticados está el de J.V.F. De acuerdo al sitio Ex Ante, este sujeto está prófugo de la justicia luego de ser formalizado como presunto autor de una estafa cometida en marzo de ese año en Conchalí. Tras diversos intentos por ubicarlo en sus domicilios de La Florida, el 23 de junio de 2022 se dictó su orden de detención. Su beneficio fue firmado por las autoridades actuales.
El 2008 además había sido condenado por hurto en Puente Alto. También tiene causas por lesiones leves y otras dos por lesiones menos graves.
Él es uno de los 158 beneficiarios que recibe la cifra más alta, que asciende a 2 Ingresos Mínimo Mensual No Remuneracional, es decir $567.2389.
Otro es S.H.F., quien en Rancagua registra dos detenciones por casos de violencia intrafamiliar y otro por conducción en estado de ebriedad y negarse a exámenes.
A este sujeto el Estado le entrega 1,5 Ingresos Mínimo Mensual No Remuneracional ($425.428).
También está E.C.E., quien registra más de 10 causas penales y detenciones en su contra por distintos delitos. Violencia intrafamiliar, amenazas, robo por sorpresa, robos en lugares habitados y en no habitados, maltrato de obras a Carabineros, son algunas.
Al igual que el anterior, es uno de los 221 beneficiarios a los que se le entrega 1,5 Ingresos Mínimo Mensual No Remuneracional, es decir $425.428.
Parlamentarios también han reconocido que en listado aparece un sujeto que es sindicado como líder de una de las barras bravas de un equipo de fútbol chileno y que ha sido sancionado por aquello.
Y otro, con iniciales C.F.M.A., sindicado como líder de una banda criminal, y quien recibe también $425.428.
Fuente: Emo
