El jueves de la semana pasada se conoció la detención de 12 carabineros por presuntamente haber cometido delitos relacionados al cohecho, apremios ilegítimos, hurto, tráfico de drogas y detención ilegal.
La mayoría de uniformados pertenecía a la Segunda Comisaría de Santiago, en la región Metropolitana, pero tras el hecho, el general de Carabineros Marcelo Lepín, jefe de la zona Santiago Oeste, informó que «ya se está tramitando la baja de estos delincuentes».
Lepín también expuso que deberían ser 13 los capturados, por lo que falta que se aprehenda a un funcionario, quien sería oficial de la institución policial.
El viernes se llevó a cabo la formalización de los individuos en el Séptimo Juzgado de Garantía, donde la fiscal Marcela Adasme, jefa de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, detalló nueve hechos -entre los que se encuentra un robo por sorpresa, agresión a un detenido y cobro por seguridad- y el modo en que operaban los imputados.
Ese día, el tribunal decidió ampliar la aprehensión de los sujetos e indicó que la audiencia se retomaría este lunes a las 09:30 horas. Ahora, uno de los detenidos quedó bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
«Deben ser investigados por la justicia civil»
Este hecho no ha estado exento de polémicas. Y es que cuando se conoció, el Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, salió a rechazarlo inmediatamente, pero más tarde fue el mismo presidente Gabriel Boric quien lo abordó y recibió cuestionamientos.
«(Los hechos) Deben ser investigados por la justicia civil y si los delitos son probados, condenados», señaló el jefe de Estado en X y agregó que «en Chile nadie está por sobre la ley».
«Parece que hay una confusión conceptual legal respecto de esto por parte del Gobierno e instala una cuestión que es artificial. Siempre este tipo de casos han sido vistos por la justicia ordinaria, no por la justicia militar», dijo el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya.
Aludiendo al debate de Reglas del Uso de la Fuerza, el congresista aclaró que «el planteamiento que se ha hecho en su momento sobre la justicia militar respecto a Carabineros, funcionarios de las Fuerzas Armadas, tienen que ver con su actuar en Estado de Excepción Constitucional y eso fue lo que se levantó en su momento como indicación, y creo que esto es instalar una polémica jurídica artificial y conceptualmente equivocada».
La senadora María José Gatica (RN), también respondió afirmando que «el Presidente tiene razón, los delitos comunes deben ser investigados por la justicia civil, pero no nos perdamos ningún segundo, la justicia militar es la que debe actuar cuando un policía o alguien de Fuerzas Armadas actúa en defensa de la sociedad. Me imagino que lo del carabinero de Pío Nono les dará una lección a la izquierda para que puedan reflexionar».
Por su parte, el diputado Gustavo Benavente (UDI) sostuvo que «la verdad es que no se entiende el Twitter del presidente Boric en orden a que los carabineros que están involucrados en hechos de hurto, detenciones ilegales y otros delitos, tengan que ser juzgados por la justicia civil, porque eso es obvio. Aquí está más que claro y nadie ha cuestionado eso. De tal manera que el Presidente mandó este Twitter casi como alarmado, haciendo una especie de llamado a quién sabe quién por lo obvio y por lo legal».
Las reacciones se dieron pese a que más temprano la ministra del Interior, Carolina Tohá, había aclarado los dichos: «En Chile, cuando hay delitos que involucran a uniformados y a civiles, quien lleva esa investigación es la justicia civil, pero cuando hay delitos funcionarios que son solamente entre uniformados, hay casos en que los ve la justicia militar (…) ¿Por qué lo menciona el Presidente? Porque se ha abierto un debate últimamente en esta materia de cambiar los límites de dónde termina la justicia civil y comienza la justicia militar», acotó apuntando a que «en ese mismo debate ha sido muy claro que transversalmente no hay apoyo a la idea de expandir la justicia militar».
Cuando iban al Barrio Meiggs, «cobraban»
El presidente del gremio para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Alfonso Numi, detalló hace tres jornadas cómo habrían operado los imputados en la zona. «Carabineros ya no iba al barrio y, cuando lo hacía, cobraba (…) Iban a los lugares más complicados a ofrecer servicio de protección a los comercios de comerciantes chino establecido», sostuvo en conversación con 24 Horas y agregó que «se cobraba en los turnos de mañana y tarde, $300 mil por una vereda».
De manera adicional, expuso que «permitían en algunos horarios que en el barrio se pueda vender cigarros contrabandeados».
Por otra parte, según consignó El Mercurio, Numi señaló «esto se sabía. La gente no quería denunciar por miedo, y el nivel de extorsión y de presión era tan grande que los comerciantes chinos, de una manera muy valiente, decidieron denunciar».
También afirmó que hubo «chilenos que fueron víctimas, pero no fueron capaces de hacer la denuncia por miedo».
Fuente: Emol.com
