Este viernes entrará en vigencia la nueva Ley de Insolvencia. Así lo anunciaron el ministro de Economía, Nicolás Grau, junto al superintendente de Insolvencia y Reemprendimento, Hugo Sánchez, y otras autoridades. La normativa considera nuevos procedimientos simplificados con la finalidad de que más personas y empresas de menor tamaño, con problemas de sobreendeudamiento o de solvencia, tengan mayores posibilidades de lograr acuerdos de pago con sus acreedores.
Las autoridades indicaron que la normativa tiene un enfoque ciudadano, ya que busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad bajo cuatro pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas; el incentivo al reingreso del deudor al sistema crediticio; la incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de reestructuraciones de pasivos y la agilización y facilitación de procedimientos.
“Uno de los problemas que tiene la legislación anterior a esta ley, es que uno ve que la reorganización se estaba haciendo, pero se estaba haciendo principalmente en las empresas de mayor tamaño. Es decir, estábamos perdiendo todo ese aprendizaje acumulado de las empresas de menor tamaño al no darles un procedimiento que tuviera bajo costo y que estuviera suficientemente simplificado para que estas empresas, dadas sus particularidades, pudieran asumirlo. Así que creemos que esto no es sólo importante para las empresas de menor tamaño y sus emprendedoras y emprendedores, sino que también es importante para nuestro país, para que no pierda ese conocimiento acumulado”, dijo Grau.
El superintendente sostuvo que “esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la Ley 20.720, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas”.
La ley considera además la disponibilidad de la renegociación gratuita de la persona deudora para quienes emiten boletas de honorarios y que están con un sobreendeudamiento. De esta forma, se incluye a usuarios que hasta antes del 11 de agosto estaban impedidas de acceder a dicho procedimiento por ser consideradas empresas.
Por último, la normativa introduce mejoras para reducir trámites redundantes y facilita el uso de la tecnología, para hacer más expedito el desarrollo de los procedimientos.
La normativa fue publicada en el Diario Oficial el pasado 10 de mayo, luego que el proyecto fuera aprobado y despachado por el Congreso en enero de este año.
Fuente: La Tercera
