La exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, fue sobreseída de la causa penal iniciada luego de la llamada al comunero mapuche y líder de la CAM, Héctor Llaitul, lo que provocó su salida del Gobierno.
El Ministerio Público investigó a Vega por obstrucción a la investigación, ejercicio ilegal de la profesión y omisión de denuncia, luego de la detención de Llaitul.
Esto debido a que una de las asesoras de la exministra, Tania Santis, llamara al celular de Llaitul para pedirle que conversara con Vega. Tras ello, el abogado de Renovación Nacional (RN), Marcelo Brunet, presentó la querella mencionada a fines de agosto de 2022.
“Se solicita el sobreseimiento definitivo en razón de que no estamos en presencia de los delitos señalados”, sostuvo Cooper en el tribunal.
La acción detallaba que “la intervención de la exministra en hechos que son manifiestamente constitutivos de delito, debe ser investigada, pues, atendida su posición y cargo, además de las posteriores declaraciones realizadas por miembros del Gobierno en pos de no iniciar investigaciones en contra del Sr. Héctor Llaitul, podrían constituir de obstrucción a la investigación”.
El documento también sostenía que se evidenciaba una conducta consistente a “no criminalizar ciertos hechos que revisten la mayor gravedad, porque como se advierte, tardíamente, en la ampliación de querella el 29 de julio, los llamados efectuados por Llaitul efectivamente encontraban una respuesta fáctica”, por parte del Gobierno actual.
Vega reaccionó a la querella y a través de una publicación en Twitter escribió que “a veces la justicia tarda pero llega! Tendrán que pagar costas aquellos que me acusaron tan injustamente! Estoy tranquila de haber cumplido mi labor como Ministra”.
El 7° Tribunal de Garantía de Santiago determinó que la exminitra viajó varias veces a la región de La Araucanía para encabezar reuniones con el objetivo de “presentar y hacer un seguimiento al plan de Buen Vivir, en conjunto con todas las autoridades“.