La declaración efectuada por la jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya (FA), en la Comisión Investigadora sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, generó bastantes análisis desde varios ámbitos.
En lo medular, la profesional y también militante frenteamplista, dijo que no le advirtió al Presidente Boric sobre este tema, porque, según dijo, su trabajo se limita a hacer un análisis técnico de legalidad, pero no de constitucionalidad.
Un argumento que molestó en la arena política y también en los escritorios de la abogacía. El doctor en derecho y docente universitario, Pedro Anguita, cuestionó el rol de la asesora, al no informar de un hecho inconstitucionalmente comprobado.
El jurista argumentó y criticó que cómo 17 personas, de los diversos ministerios involucrados en este proceso, no se hayan atrevido a avisar la inconstitucionalidad del mismo.
El docente académico fue enfático en que los funcionarios no cumplieron cabalmente su labor.
Discusión que todavía se mantiene activa en el Palacio de La Moneda, bastante horas después de la salida del Congreso de la exsenadora Isabel Allende y la renuncia de dos asesores del Segundo Piso. De momento, la principal aludida, la abogada Francisca Moya, permanece firme en su cargo y con el respaldo de los cercanos al Presidente Boric.
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