Por Christian Arntz Mac Evoy, presidente de SAGO A.G.
Desde 1995 el Sistema de Incentivos a la Recuperación de Suelos Degradados ha sido el más importante instrumento de fomento del Ministerio de Agricultura, con un presupuesto anual de 30 mil millones de pesos, de los cuales 22 mil millones se destinan a productores INDAP y el saldo restante a productores pequeños y medianos.
Desde el año 2010, más de 198 mil productores han sido beneficiados, lo que ha permitido recuperar más de 1.614.361 hectáreas de suelos con distintos niveles de degradación. En este sentido los productores han tenido un rol importante en el establecimiento de la priorización de las actividades bonificables a través de su participación en las instancias que a nivel regional les permite esta ley.
El impacto es indudable, toda vez que ha permitido realizar una mayor inversión en fertilización de suelos, permitiendo que éstos recuperen su capacidad productiva y tal vez lo más importante, se evite el proceso erosivo con la consiguiente pérdida de suelo, estado del cual es prácticamente imposible de recuperar.
Considerando que la vigencia de esta ley termina el próximo 9 de febrero de 2022, cuesta entender el por qué a esta fecha el Ministerio de Agricultura aun no ha presentado un proyecto que, con los ajustes necesarios, reemplace y dé continuidad a esta importante política de recuperación y conservación de los suelos agrícolas de Chile. Esta situación es de extrema gravedad considerando que, con la actual crisis hídrica que afecta de forma más fuerte a los suelos de secano, una de las mejores herramientas para enfrentarla es justamente a través de un adecuado nivel de fertilidad.
Las soluciones que hasta ahora se han planteado para subsanar la falta de atención del Ministerio de Agricultura a este programa, no tendrán ningún efecto si su implementación se piensa realizar a fines de año; hoy se requiere del compromiso de las autoridades y de todos los parlamentarios para que estos recursos se pongan a disposición de los productores en el más breve plazo.
La necesidad de mantener esta política de fomento a la inversión en suelos, junto a otras normativas necesarias para proteger este recurso, no tolera discusiones político-partidistas, sino que exige una discusión seria y que considere las necesidades alimentarias del futuro.
