A raíz de los antecedentes revelados sobre la compraventa de la minera Dominga, por las familias de Sebastián Piñera y Carlos Délano, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó indagar los antecedentes de este hecho, a la Unidad Anticorrupción.
El propósito, dicen fuentes del Ministerio Público, es despejar si existen eventuales delitos que ameriten el iniciar una investigación penal de oficio, es decir sin querella ni denuncia de por medio.
Uno de los principales focos es establecer si los eventuales ilícitos, ya sea un delito tributario, negociación incompatible y un eventual tráfico de influencias podrían ya estar prescritos.
Asimismo, señalan las mismas fuentes, las eventuales intervenciones del gobierno y el rol que jugó el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner ya se investigaron en otras causas penales, una de ellas fue la que tramitó el exfiscal regional Manuel Guerra en el caso Exalmar.
Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés), en el que participó el Centro de Investigación Periodística (Ciper) y LaBot de Chile, el Mandatario habría intervenido directamente en el traspaso de sus acciones por 152 millones de dólares a su amigo personal Carlos Alberto Délano.
