“Lo que conocía la Conferencia Episcopal se respondió mediante un oficio en el plazo pertinente. ¿Por qué el fiscal estimó necesario complementarlo con un procedimiento del tipo de hoy? Eso hay que preguntárselo a él”.
Así se refirió el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech), Jaime Coiro, a las razones del allanamiento realizado en dependencias del organismo religioso por el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien buscaba complementar la información referente a las denuncias por eventuales abusos de menores en la Congregación Marista.
Sin embargo, esa no fue la única diligencia de Guzmán. El persecutor, junto al especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Metropolitana Sur, Guillermo Adasme, y personal de la Brigada de Delitos Sexuales y Cibercrimen de la PDI, repitieron la operación horas más tarde en la Residencia Marista, ubicada en calle Monseñor Sótero Sanz, y en Santa Mónica, la casa central de la congregación.
En la tarde, además, registró junto a su equipo el colegio Instituto Alonso de Ercilla, de calle Santo Domingo, cuando aún había alumnos en las aulas del recinto educacional.
Al término de esta diligencia, Guzmán respondió a los dichos del vocero del Episcopado, asegurando que “él mismo (Coiro) señaló también que lo que estábamos haciendo era complementar información que se había remitido, porque estaba incompleta”.
¿Qué buscaba la fiscalía? El ente persecutor investiga todas las denuncias de abuso sexual contra menores cometidos por miembros de la Congregación Marista.
Al respecto, la Conferencia Episcopal asegura haber enviado la información solicitada por los persecutores mediante un oficio. No obstante, en el Ministerio Público se dijo que aún no contaban con las denuncias recepcionadas por la Comisión de Escuchas que estableció la Iglesia, tras la segunda visita del arzobispo de Malta, Charles Scicluna. En relación a esos documentos, Jaime Coiro confirmó que “han sido incautados”.
El caso marista comenzó el 28 de agosto de 2017, cuando la congregación, a cargo de 12 establecimientos educacionales, emitió un comunicado reconociendo los abusos cometidos por el hermano Abel Pérez contra alumnos del Instituto Alonso de Ercilla (Santiago) y Marcelino Champagnat (La Pintana). Actualmente, la fiscalía indaga a cerca de 25 personas del instituto religioso por eventuales abusos, con cerca de 50 víctimas. Los casos de más de una decena de religiosos fueron denunciados a la fiscalía por la propia orden.
Pago a víctimas
Mientras el resultado de las diligencias en la Cech fue la incautación de archivos de presuntos abusos recepcionadas por la Comisión de Escuchas de la Iglesia, el objetivo en la residencia marista, en Providencia, era otro. Allí, la fiscalía incautó documentación contable de la congregación y revisó cada uno de los computadores del lugar.
El exfiscal y actual abogado de la congregación, Alejandro Peña, estuvo presente en la diligencia que efectuó la fiscalía, “con el objeto de corroborar los antecedentes que la congregación ha presentado desde hace un año a la fecha (…). Queremos que se establezca la verdad y se sancione a quien tenga un tipo de responsabilidad penal en estos hechos”, aseguró el jurista, en línea con el comunicado enviado más tarde por la orden religiosa, en el que reiteraron su plena disposición a colaborar con la justicia.
Según fuentes cercanas al caso, el objetivo último fue revisar en ese edificio la contabilidad de los religiosos y el registro de supuestos pagos de parte de la Congregación Marista a víctimas de abuso sexual y si estos pudiesen constituir delito.
En abril pasado, los maristas reconocieron a La Tercera haber indemnizado económicamente a dos denunciantes de abuso. Uno recibió $ 50 millones; el otro, Hernán Martínez, percibió $ 75 millones, tras asegurar que el dinero era para apoyar a una ONG ligada a la protección de derechos de la niñez que representaba.
Sin embargo, la congregación -que calificó ese pago como un “error”- no pudo constatar si finalmente el monto cancelado fue destinado a dicha ONG, por lo que hizo una denuncia a la fiscalía producto de una eventual estafa.
Fuente: LaTercera
