El exalcalde Gervoy Paredes junto a siete imputados enfrentarán nueva reformalización y la fiscalía afina cargos contra de la red de corrupción que desvió $500 millones destinados a estudiantes vulnerables.
El próximo martes 22 de abril, a las 08:30 horas, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt será escenario de una de las audiencias más relevantes del escandaloso caso de corrupción que sacudió al Departamento de Educación Municipal de la capital regional de Los Lagos.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Marco Muñoz, procederá a reformalizar a los ocho imputados por una serie de delitos que, hasta ahora, configuran un perjuicio fiscal que supera los 500 millones de pesos. “El daño es indiscutible y ha golpeado directamente a los estudiantes más vulnerables”, así lo remarcó el director del departamento jurídico del municipio municipal, Osvaldo Emhart, subrayando que los fondos malversados correspondían a recursos de la Subvención Escolar Preferencial.
La audiencia reunirá por primera vez, a la totalidad de los formalizados, entre ellos el exalcalde Gervoy Paredes y el exdirector del Daem, Albán Mancilla, ambos en prisión preventiva. También comparecerán Alicia Hernández, exadministradora de los fondos SEP; Carlos Soto, encargado de concesiones; los hermanos Esteban y Roberto Oyarzo; Cristián González, y Carlos Parrao Aqueveque, jefe zonal de la empresa Siglo Verde. La solicitud de reformalización busca precisar conductas en función de nuevos antecedentes reunidos tras una larga y meticulosa investigación, así lo explicó el abogado del municipio de Puerto Montt, Marcos Emilfork.
Entre los cargos que enfrentan los imputados se cuentan cohecho, fraude al fisco, lavado de activos, soborno e incremento patrimonial injustificado, configurando una red de corrupción que se habría enquistado en el aparato público municipal. El exalcalde Paredes encabeza la lista de los acusados, mientras que Parrao, representante privado, aparece formalizado por soborno. El conjunto de delitos investigados deja en evidencia cómo fondos destinados a mejorar la educación de niños con necesidades especiales fueron utilizados para enriquecer a unos pocos.
Este caso tuvo su punto de inflexión el 13 de septiembre de 2023, cuando el OS-7 de Carabineros allanó 15 oficinas del municipio, incautando evidencia clave como computadores, celulares y discos duros. Desde entonces, la indagatoria ha crecido en volumen y gravedad, revelando una estructura de desvío de recursos públicos sostenida por años. Con esta reformalización, la Fiscalía busca sentar las bases para un eventual juicio que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción municipal en el sur del país.
