El funcionario de Cancillería imputado en el caso de la red de tráfico de migrantes más grande del país habría usado los «recursos de su cargo» para la actuación delictual en la que participaban otras 10 personas.
Según se consideró en la audiencia de formalización, Álex Brito, quien trabajaba para el Ministerio de Relaciones Exteriores, habría usado los recursos y conocimientos de su cargo para el funcionamiento de esta red por lo que se consideró que su participación en el grupo era de carácter «grave». El tribunal decretó prisión preventiva en su caso debido a que lo consideró un peligro para la sociedad.
Brito fue imputado por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico ilícito de migrantes.
En el caso de Xinling Huang, quedó con arresto domiciliario total debido a que el tribunal tomó en cuenta su «conducta irreprochable» anterior. Misma situación para el ex alcalde de Los Andres, Mauricio Navarro, quien además fue imputado del delito de soborno.
Por su parte, el ex gobernador de la Provincia del Choapa, Álex Trigo, quedó con la medida cautelar de arrestro domiciliario nocturno. Al igual que Brito, estos tres últimos también están imputados por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico ilícito de migrantes.
El ex gobernador quedó con arresto domiciliario nocturno debido a que no habría tenido una participación importante. En esa línea, su defensor Álvaro Pérez explicó que «esta asociación ilícita, esta organización, ha sido atribuida a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores».
«Este funcionario se presentaba, al igual como lo hizo con Álex Trigo y con otras autoridades, como un alto funcionario del Ministerio y cuya función pública, señalaba él, era precisamente poder coordinar y traer inversionistas chinos, empresas chinas, a las distintas comunidades a lo largo de todo Chile», aseguró.
En tanto, para los otros cuatro vinculados al caso que fueron formalizados por asociación ilícita y tráfico de migrantes -Xinli Qin, Wei Huang, Hugo Cáceres y Jessica Gumera-, el tribunal decidió decretar arraigo nacional y firma quincenal mientras dure la investigación para la que se establecieron 90 días.
El funcionamiento de la banda
Según quedó establecido en la audiencia, la red de tráfico de migrantes se camuflaba como agencia de viajes. Cobraban cinco mil dólares para que las autoridades emitieran cartas de invitación a los migrantes, haciendo más rápida la tramitación de una visa de turistas.
El fiscal Marcelo Carrasco explicó que «la investigación ya tiene su tiempo, viene desarrollandola la Policía de Investigaciones de Chile hace prácticamente un año con diversas medidas intrusivas, entre otras, escuchas telefónicas, incautación de distinta documentación y dispositivos celulares, computadores, de los imputados».
La banda llevaba operando cuatro años. La Cancillería anunció un sumario interno en contra del funcionario involucrado, mientras que el Ministerio del Interior aseguró que presentará una querella.
Fuente: Cooperativa
