Eran casi las 15:00 del 21 de diciembre de 2016 cuando un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta, que se encontraba en el módulo 88, se vio involucrado en una riña. Al lugar llegaron gendarmes, quienes, según quedó consignado en la sentencia que los condenó, ordenaron a los reos colocarse en una fila. Ante las instrucciones, el interno en cuestión fue increpado por no mirarles y este les contestó: «Yo escucho con los oídos, no con los ojos».
La respuesta generó molestia. Los uniformados lo llevaron a un pasillo ubicado a las afueras del sector y allí uno de ellos le pisó el tobillo derecho y lo golpeó en el rostro. Otro le dio un puntapié en el abdomen, para luego pegarle en la zona de tórax con un bastón. Todo mientras el reo estaba en el suelo y esposado.
Luego lo tomaron del pelo y empujaron contra un muro. Lo golpearon en la cara y mojaron con una manguera. Toda la agresión quedó grabada. Casi dos años después, los dos gendarmes fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta como autores de apremios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes.
El caso fue uno de los varios ocurridos en los últimos cinco años y por el cual se interpuso una querella contra la institución penitenciaria. Así también, de los pocos que cuentan a la fecha con una sentencia. Así lo detalla el informe enviado por el director nacional de Gendarmería Christian Alveal al jefe de División de Reinserción Social de Ministerio de Justicia en virtud de la solicitud realizada por el senador Alejandro Navarro, presidente de la comisión de DD.HH. Nacionalidad y Ciudadanía.
En el documento se detalla el número de funcionarios que en los últimos cinco años han sido objeto de la presentación de querellas en su contra por actuaciones atribuibles a actos propios del servicio.
La respuesta
Según contestó la institución, entre 2014 y 14 de marzo se presentaron 18 querellas contra funcionarios penitenciarios, quienes debieron ser asesorados y representados por abogados privados o defensores públicos, ya que la institución no dispone, por el momento ya que se está trabajando en ello, de equipos jurídicos. Las regiones con más casos fueron la de Valparaíso y Biobío. En tanto, otras 26 acciones fueron interpuestas por el INDH contra Gendarmería por torturas y apremios ilegítimos.
Según señaló la institución en el documento, solo en una de las querellas del INDH fueron notificados formalmente por el tribunal respectivo, el que ordenó la asistencia de abogado del servicio a una audiencia donde se instruyó únicamente respecto del traslado de los condenados a otra unidad penal. Así también, que en «siete causas la Institución solo ha actuado cumpliendo lo ordenado por el Tribunal, con la finalidad de que se proceda al traslado de un interno a audiencia, o para que se adopten medidas de seguridad, no siendo, en ningún caso, notificada como querellado o imputado». Gendarmería precisa además que en general no toman conocimiento del detalle de las acciones presentadas directamente contra un trabajador «toda vez que estas son dirigidas contra personas determinadas o indeterminadas y no contra la Institución.
En adición, los funcionarios afectados por una querella no tienen la obligación de informar al Servicio de tal circunstancia, como cuando resultan condenados, caso en el que sí la tienen». Ante ello, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), integrante de la comisión de DD.HH., aseguró: «Me parece grave esa cifra, sobre todo si tenemos en consideración que muchos de esos casos no son denunciados, ni menos objeto de querella». Por su parte, el diputado RN e integrante de la comisión misma comisión, pero de la Cámara Baja, Diego Schalper, acotó: «La cárcel no puede ser un lugar donde se vulneren los derechos de las personas, porque la verdadera reinserción pasa por respetarlos. Yo estoy convencido que las personas que creen que, por estar cargo pueden violentar los derechos humanos, deben ser investigadas a fondo y sancionadas».
Otro punto destacado en el oficio son los términos que habría tenido cada caso. Según lo recopilado por Gendarmería, 20 de las querellas siguen en trámite, en una hubo sentencia condenatoria -aquella por agresión en Antofagasta-, en cuatro el Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar, y en una no hay detalle.
Fuente: Emol.com
