El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, felicitó la firma por parte del gobierno y dijo que “queremos mostrar nuestra enorme alegría como ministerio de Agricultura por la decisión del presidente Boric de aprobar Escazú. De esta manera, Chile se pone en coherencia, con un alto estándar a nivel mundial para cumplir los tratados que ha firmado en el tema ambiental”.
“La agricultura es uno de los sectores donde tenemos complejidades. Hay crisis hídrica, hay conflictos socioambientales, por lo que debemos tener la información y la capacidad de no tener miedo a la participación de los actores. El ministerio puede contribuir muchísimo a la información. Conaf en lo forestal, el agua con instituciones como Ciren, que las personas tengan acceso a lo que realmente va ocurriendo con nuestros recursos, a los proyectos en agricultura, la trazabilidad, los esfuerzos en ganadería por disminuir metano, entre otras tareas que son muy importantes”, agregó la autoridad.
Valenzuela también destacó la necesidad de una información adecuada y transparente en esta materia: “los conflictos se basan en la falta de confianza entre los actores y para eso es fundamental la información y la participación. Este tratado nos obliga a cumplir fielmente la participación e información para las decisiones ambientales sustentables de un ministerio comprometido con la agricultura verde”, señaló.
La implementación a nivel nacional del Acuerdo de Escazú es una oportunidad para contribuir a enfrentar los conflictos socioambientales, pues permitiría la participación informada de los diferentes actores locales, incluidos los más vulnerables y el conflicto en el uso de recursos naturales por diferentes actividades económicas. Así también, es una oportunidad para participar y generar capital social, lo que ayudará a avanzar hacia modelos transformadores. Junto con ello, el empoderamiento de agricultores y agricultoras permitirá proteger el medio ambiente y el desarrollo de una agricultura sustentable.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue promovido por la Cepal y es un acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensa de derechos humanos en asuntos ambientales. El acuerdo está fue suscripto por 24 y ratificado por 11 países y entró en vigencia en abril de 2021.
El objetivo del acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
Es importante recordar que Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para los activistas ambientales. En 2018, la ONG Global Witness reportó 82 asesinatos de activistas ambientales en la región, lo que corresponde a la mitad de los registros a nivel global. Colombia, Brasil, Guatemala y México están dentro de los países más peligrosos, mientras que Honduras, Venezuela y Chile, también presentaron asesinatos de activistas.
