El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, defendió la opción del Gobierno de enviar un veto al proyecto de ley, despachado a mediados de junio en el Congreso, que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos -luz, agua, telefonía, internet y gas- durante la duración de la alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19, pero afirmó que se mantendrán los beneficios contenidos en la iniciativa.
«No se ha presentado todavía el veto y se está estudiando. Lo que le puedo asegurar a la ciudadanía es que los beneficios que están contenidos en el proyecto de ley se van a mantener. Los beneficios, por ejemplo, de que no se pueden suspender los servicios o los beneficios respecto al cobro mismo», dijo durante esta tarde el jefe de gabinete.
En ese sentido, Blumel aseveró que el objetivo del Ejecutivo «es que se mantengan los beneficios, pero resguardando el buen funcionamiento de la institucionalidad, porque en el caso contrario podemos tener un problema en la aplicación de los beneficios».
«El Gobierno actúa en base a convicciones y en base a un deber fundamental de asegurar de que el buen funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática se enmarque en forma muy estricta en las reglas democráticas que tenemos», enfatizó.
Si bien el Gobierno ya había descartado recurrir el Tribunal Constitucional, desde Chile Vamos estaban presionando por un veto ya que consideran que el proyecto no se ajusta a la Carta Fundamental y puede vulnerar la garantía del derecho de propiedad de las empresas.
El anuncio fue rechazado por la oposición, por parlamentarios y un grupo de alcaldes oficialistas, que bajo el alero de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), enviaron una carta al Gobierno el fin de semana pidiendo que no vete la ley.
El ministro de la SegPres, Claudio Alvarado, anunció que la propuesta será ingresada esta semana y no afectará los beneficios para la ciudadanía.
Desde el oficialismo, el diputado y vicepresidente de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, salió a emplazar al Gobierno luego de conocer la decisión de enviar un veto al proyecto. «Creemos que no es el momento, no tiene por qué hacerlo a través del Congreso», dijo.
«En la Cámara de Diputados somos muchos los que estamos en desacuerdo con este veto y no estaremos llanos a aprobarlo. No podemos asumir costos por responsabilidades que no son nuestras y, por lo tanto, acá el camino es otro, no es el Congreso», agregó el legislador.
