En medio de la controversia generada por la implicación de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el caso Audios, el Gobierno está evaluando la posibilidad de emplear una de las facultades constitucionales del Presidente de la República para intervenir en el asunto. El ministro de Justicia, Luis Cordero, reveló esta mañana en el comité político de La Moneda que el Mandatario podría solicitar a la Corte Suprema la apertura de un procedimiento de sanción, tal como lo estipulan los artículos 32 número 13 y 80 de la Constitución chilena.
Cordero explicó que la Constitución permite al Presidente requerir a la Corte Suprema la instrucción de un procedimiento disciplinario en casos de conducta inapropiada de sus miembros. Este mecanismo, que ha sido utilizado en el pasado, como en el caso del exministro Correa Bulo en 2001, requiere un informe previo del juez afectado y una decisión del Pleno de la Corte.
El ministro subrayó que, aunque el Presidente puede solicitar la apertura del procedimiento, no tiene la capacidad de tomar decisiones unilaterales sobre la suspensión o remoción de un miembro de la Corte.