El Presidente Gabriel Boric recibió este martes la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) del Estado de Chile, documento de 10 puntos que busca enfrentar diversos hechos de violencia que se producen en el país.
La PNCO 2022-2027 tiene como objetivo disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución.
El plan, que considera una inversión de más de 39.000 millones de pesos, con énfasis en el trabajo interinstitucional, comenzó a elaborarse en mayo pasado por un consejo compuesto por los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Defensa Nacional, Hacienda y Justicia; Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Estado Mayor Conjunto, la Dirección General del Territorio Marítimo, la Dirección General de Aeronáutica Civil y Servicio Nacional de Aduanas, entre otras instituciones.
«Luego de siete meses de arduo trabajo en todo el territorio nacional, estamos hoy día haciendo entrega de la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado en la historia del Estado chileno. Este es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo, con acciones, metas y recursos, de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro territorio y que no son bienvenidas», dijo el Presidente Boric en una ceremonia en el Palacio de La Moneda.
«Quiero, como Presidente de la República, que en nuestra patria todos y todas sus habitantes puedan mirar al futuro con la certeza de que en Chile la delincuencia no seguirá creciendo y que pueden vivir sin miedo», añadió el Mandatario.
En esa línea, Boric hizo un llamado a que la PNCO sea vista como una política de Estado, al tiempo que volvió a criticar al Senado y afirmó que el rechazo de la nominación de Marta Herrera como nueva fiscal nacional es una «grieta» que favorece el actuar de los delincuentes.
«Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado -y, permítanme decirlo, creo que lo que ha hecho el Senado ayer es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional- se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir. Tenemos que actuar todos en pos de un bien común, salir de la pelea chica», advirtió el Jefe de Estado, que ya a fines de noviembre sufrió la derrota de su primer candidato, José Morales.
EJES DEL PLAN
La PNCO contempla 10 ejes, siendo el primero de ellos el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, mejorando la coordinación respecto al intercambio y análisis de información, así como la capacidad de articular acciones conjuntas.
En segundo lugar, busca desbaratar la economía del crimen organizado, con una mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y en la lucha contra el lavado de activos.
Disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales, mediante el fortalecimiento de los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencias de armas, es el tercer eje.
Como cuarto punto está el abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios, previniendo su operación, el reclutamiento de nuevos integrantes y el contagio criminógeno entre personas privadas de libertad.
El quinto, en tanto, es una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado, con una actualización del marco normativo.
El sexto eje es la actualización de equipamiento y tecnología, para que las instituciones competentes en la detección, persecución y desbaratamiento de las organizaciones criminales puedan contrarrestar la capacidad adaptativa de estas.
La formación institucional y de capital humano de quienes enfrentan el crimen organizado para abordar sus dinámicas particulares y nuevas tendencias es el séptimo.
El octavo es prevenir la corrupción en instituciones públicas, para que éstas no sean permeadas por las acciones de las organizaciones criminales.
El noveno es aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial, incorporado en ella objetivos específicos para este fin.
Finalmente, el décimo eje es fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países.
La PNCO crea además cuatro nuevas instancias de trabajo interinstitucional, partiendo por el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, mandatado para asesorar al Ministerio del Interior en la elaboración del plan.
También conforma los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado, que deberán asegurar la implementación de las acciones a nivel territorial y priorizar delitos; las Unidades de Coordinación Estratégica, cuya tarea será generar análisis y alertas para detectar organizaciones criminales e insumar la toma de decisiones; y, finalmente, las Mesas Interinstitucionales para el Abordaje de Delitos de la Criminalidad Organizada -en particular, la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes-.
REACCIONES EN EL CONGRESO
Desde el Congreso la PNCO ha sido bien recibida. Según las autoridades, muchos de estos de estos ejes también atraviesan la mesa transversal por el «Compromiso por la Seguridad», que el Gobierno espera tener sellado entre todas las fuerzas políticas antes de fin de año.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja, el diputado Raúl Leiva (Partido Socialista), considera que la PNCO es la «piedra angular» del combate a la delincuencia.
En la oposición, en tanto, insisten en la aplicación de la Ley Antiterrorista en el combate contra el crimen organizado.
«Más que la retórica que ha utilizado desde que asumió, de lo que tiene que preocuparse (el Ejecutivo) es de ocupar todos los instrumentos que tiene a su alcance para perseguir, para prevenir el delito. La ley del tipo terrorista es una de ellas y el Gobierno tiene que utilizarla, porque el Gobierno, más que quedar bien con sus partidarios o sus parlamentarios, a quienes no les gusta la Ley Antiterrorista, lo que tiene que hacer es preocuparse de perseguir el delito», apuntó el diputado Andrés Jouannet (Amarillos).
Fuente: Cooperativa
