El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la decisión del Ministerio Público de solicitar al Servicio de Impuestos Internos (SII) los datos de las más de 437.000 personas que -según el organismo público- obtuvieron el Bono Clase Media, entregado por el Gobierno, de manera fraudulenta.
«El Gobierno se alegra que se esté ocupando esta facultad fiscalizadora para determinar con exactitud que quienes recibieron este beneficios -que era absolutamente necesario e indispensable para miles de familia que lo estaban pasando muy mal producto de su baja de ingresos- sí cumplieron con los requisitos», dijo el secretario de Estado.
«Quien no cumple con los requisitos se va a tener que atener a las consecuencias», advirtió el «número dos» de La Moneda.
Este viernes, el SII reveló que detectó que 437.703 trabajadores presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020 al momento de solicitar el bono clase media y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido.
Del universo de casos irregulares, 400.603 ejercen en el sector privado y 37.100 son funcionarios del Estado, detalló el Servicio, que indicó que los recursos fiscales involucrados en este beneficio ascienden a 256 millones de dólares.
Por ello, el Ministerio Público anunció que evalúa abrir una investigación penal por eventual «fraude de subvenciones» y el fiscal nacional, Jorge Abbott, ofició al director del SII, Fernando Barraza, para que entregue el listado completo de los casos.
