El Gobierno decidió quitarle la discusión inmediata a la ley corta de pensiones tras acusar cambios “inconstitucionales” que se le realizaron al proyecto durante su tramitación en la Comisión del Trabajo de la Cámara.
Así lo explicaron los ministros de Hacienda y de Trabajo, Rodrigo Cerda y Patricio Melero respectivamente, ante la Comisión de Hacienda donde se está discutiendo actualmente la iniciativa.
Además de asegurar que muchas de las indicaciones presentadas son de facultad exclusiva del Presidente de la República, los secretarios de Estado acusaron que desfinanciarían la ley en 1.139 millones de dólares.
Originalmente, la propuesta del Gobierno considera la ampliación de cobertura del Pilar Solidario del 60% al 80%, el aumento de la Pensión Básica Solidaria hasta los $178 mil y la creación de un seguro anti lagunas previsionales que financiará el Seguro de Cesantía. Para asegurar su funcionamiento, el proyecto plantea reducir o eliminar distintas exenciones tributarias.
Entre otras enmiendas aprobadas, los diputados aumentaron la cobertura del Pilar Solidario al 85%, la pensión solidaria a $210 mil y aprobaron que se recalcule la tabla de mortalidad para no considerar una edad superior a los 85 años, bajando de esta forma los 110 años fijados actualmente.
Ante la comisión, el ministro Cerda criticó que las modificaciones “corresponden a seguridad social y gasto público y esto contraviene el artículo 65 de la Constitución de la República”.
Asimismo, cuestionó que fue alterado “el artículo 23 de la reforma de la Presidenta Michelle Bachelet del 2008, donde se liberó el tipo de fondo en que pueden tener sus ahorros los trabajadores, sobre cierta edad. Además se agregó una frase para eliminar las tablas de mortalidad para personas con edad superior a los 85 años y todo eso tiene impacto, porque son materia de seguridad social y nuevamente son iniciativas exclusivas del Presidente de la República”.
También remarcó que en la tramitación “entregaron nuevas atribuciones para la Superintendencia de Pensiones. Esto corresponde a atribuciones de servicios públicos, lo que también tiene que ver con iniciativas exclusivas del Presidente de la República, en cuanto supriman o determinen funciones o atribuciones”.
De esta forma, señaló: “Para que a la luz de estas indicaciones podamos tener un debate más detenido y podamos justamente discutir con más detalle este tipo de modificaciones, porque como vamos a ver, para nosotros hay bastantes luces de alerta. Una es que el proyecto tal como está va a quedar desfinanciado”.
Según determinó la comisión, el proyecto podrá recibir indicaciones hasta el lunes 25 de octubre, por lo que sería votado hasta total despacho el martes 26 de ese mes.
