En sesión extraordinaria, la Sala del Senado despachó el proyecto de ley que extiende a dos días las elecciones comunales y regionales, el sábado 26 y domingo 27 de octubre, pero no logró despejar todos los aspectos de la norma, por lo que se habilitará una comisión mixta.
La propuesta que concreta este cambio fue visada por la Cámara Baja este lunes y retornó al Senado, a tercer trámite constitucional, debido a que en dicha instancia recibió varias indicaciones y modificaciones.
Una de las discrepancias entre las cámaras fue que la norma que proponía aumentar la multa para quienes no votaran y no se justificaran, fue rechazada. En el proyecto original la sanción oscila entre los 35 mil y los 200 mil pesos, lo que el oficialismo consideró que era un monto demasiado alto.
«Me parece que la multa era totalmente desproporcionada, que una persona por no asistir a votar, que sabemos es una obligación que tienen las personas, le cobren más de 200 mil pesos, me parece que es realmente fuera de lugar. Decidí votar en contra, no para que se elimine la sanción, sino que yo espero que esto en la comisión mixta se llegue a una sanción que sea proporcional y racional a la necesidad y la gravedad de no ir a votar», planteó en la previa el diputado Tomás de Rementería (ind-PS).
Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que el oficialismo «tiene un temor respecto al resultado que va a tener en las próximas elecciones y pretende por secretaría tener un resultado exitoso eliminando la sanción del voto obligatorio para que en la práctica se convierta en un voto voluntario».
Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, puntualizó que «la razón por la cual se estableció el voto de dos días, que la votación se realizara en dos jornada consecutivas, dice relación con el aumento del número de electores como resultado del voto obligatorio. Por tanto, un voto obligatorio sin sanción es más bien votación declarativa».
Respecto a la opción de recortar el financiamiento de campañas electorales, el proyecto rebaja el aporte a los candidatos independientes y partidos de cuatro centésimas de UF a 26 milésimas (de 1.500 a 970 pesos) por voto obtenido, algo que también será revisado en la comisión mixta.
En la antesala, el diputado Leonardo Soto (PS) criticó que «los que aprobaron esta reducción del reembolso fiscal probablemente tienen que ver con que evalúan positivamente las donaciones privadas para campañas. Los que se benefician con las rebajas del monto fiscal son los que tienen financiamiento propio para campañas electorales o financiamiento de empresarios para sus campañas».
Mientras que su par de la UDI Guillermo Ramírez indicó que «el miedo que me da de reducir mucho el reembolso por voto es que finalmente los que se han beneficiado son los incumbentes: los diputados, senadores, alcaldes que están en el cargo y que van a la reelección porque ellos tienen durante cuatro años la posibilidad de hacer campaña, de tener una oficina parlamentaria. Los únicos que se ven perjudicados con el menor reembolso son los desafiantes».
El tercer aspecto que quedó pendiente es la regulación de la propaganda electoral, todas materias que deberían zanjarse en los próximos días, dado que el 27 de julio vence el plazo para que los partidos inscriban a sus candidatos y candidatas.
Fuente:cooperativa.cl
