La diputada mapuche Emilia Nuyado con el respaldo de los diputados Marcos Ilabaca (PS) y Luis Cuellos (PC), ingresó una reforma constitucional transitoria que establece la eliminación del IVA para los alimentos consignados en la canasta de Bienes y Servicios durante el año 2022.
Nuyado argumentó que «el explosivo aumento de los precios de todos los productos es preocupante. Hoy nos encontramos en una situación donde mucha gente no llega a fin de mes, no puede comprar y pagar en su almacén del barrio, atenderse en salud, pagar movilización a sus hijos, comprar frutas y verduras en ferias o mejorar sus mediaguas y viviendas. Ahora más encima se les quiere negar la opción de tener liquidez porque eso significa aumentar aún más la inflación».
«Me parece injusto que como siempre los más pobres y la clase media terminen pagando los costos. Si el gobierno no quiere dejar que se apruebe el «Quinto retiro» por temor a la inflación, debe hacerse cargo. Por ello esta reforma obliga al Presidente de la República a decretar la eliminación del IVA para alimentos de la canasta de Bienes y Servicios cuando la inflación supere los dos dígitos», dijo la diputada Mapuche.
Sobre este mismo punto, Emilia Nuyado, agregó que «es injusto que cuando los ricos tienen dinero se habla de crecimiento y cuando los pobres tienen circulante de inmediato se habla de inflación. Yo creo que si el gobierno va aceptar ese discurso entonces debe hacerse cargo de la situación insostenible y asumir el costo bajando, frenando o congelando los precios de la canasta alimentaria».
«Nuestra idea es también dejar en claro que hay otras fórmulas para bajar los precios. Aquí no se puede siempre optar por el camino más fácil y dejar a la mayoría de los chilenos sin posibilidad de tener dinero para libre disposición y más encima obligarlos a endeudarse. Claramente el sistema económico de Chile está viviendo gracias a la miseria de los más pobres y al endeudamiento de la clase media», concluyó la diputada Emilia Nuyado.
Consignar que la parlamentaria además envió un oficio dirigido a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue y despeje cualquier duda sobre una eventual colusión en algunos productos de primera necesidad.
