La Superintendencia de Educación dictó esta resolución que inhabilita de manera perpetua a Carlos Gómez Miranda, alcalde de Ancud, para ejercer como sostenedor educativo debido a irregularidades en la gestión de subvenciones. Esta es la sanción más severa que establece la normativa educativa en nuestro país.
El problema radica en que la Corporación Municipal de Ancud, de la cual Gómez Miranda es el representante legal, no presentó a tiempo y de manera adecuada la información que justificara los saldos de subvenciones y aportes del Estado recibidos durante el 2021. Esta falta va en contra del artículo Nº 76 de la ley 20.529, que establece las bases del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media.
Ahora bien, no es la primera vez que la Corporación enfrenta este tipo de sanciones. En 2018, 2019 y 2021, también fue penalizada por no entregar información sobre saldos no acreditados. El monto de subvenciones y aportes del Estado no justificados ha ascendido desde 1.840.279.875 pesos a 6.306.529.262 pesos desde la primera infracción hasta la registrada en 2023.
Fernando Pérez, Director de la Superintendencia de Educación en la Región de Los Lagos, explicó los alcances de la inhabilidad que de hora en adelante pesa sobre el alcalde de Ancud.
Para el diputado del partido liberal, Alejandro Bernales, esta es una información que da luces de la investigación en torno a la crisis de la educación pública en esta comuna.
Cabe consignar que la Corporación Municipal de Ancud tiene 15 días a partir de la notificación para presentar un recurso de reclamación ante el Servicio Nacional de Educación. Si no lo hace, la sanción contra el alcalde quedará en firme.
El caso también marca un precedente para otras entidades sostenedoras en el país sobre la importancia de la transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos educativos.
