“La condena a la violencia tiene que ser absoluta. Hay demandas legítimas, pero una que no es legítima es solicitar que aquellas personas que están privadas de libertad por la justicia, producto de incendios con homicidio, robos con intimidación, ley de armas e incluso homicidios a otros comuneros mapuches pretendan no cumplir las resoluciones judiciales con este tipo de acciones”. Así lo sostiene taxativo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respecto de lo que ocurre en La Araucanía y toda la llamada Macrozona Sur, que también integran las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
Han sido semanas tensas.Se registraron incidentes en medio de una marcha hacia Curacautín, en la que vecinos denunciaron destrozos en sus viviendas. La situación se suma a otros hechos de violencia en las últimas semanas, que dan cuenta de un cuadro en extremo complejo: tomas de municipalidades, la quema de camiones en la Ruta 5, el descarrilamiento de un tren de carga en Collipulli y la destrucción de una antena de la DGAC.
El escenario tiene como eje la huelga de hambre que el pasado 4 de mayo iniciaron 11 comuneros presos en Temuco y Angol, entre ellos el machi Celestino Córdova (condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay), quienes piden que se les autorice el arresto domiciliario total hasta que concluya la pandemia.
Según cifras del Ministerio Público, los hechos de violencia rural en La Araucanía aumentaron en un 30%. De acuerdo a un análisis de la Subsecretaría del Interior, en base a información estadística de Carabineros y la PDI, la Macrozona Sur ha registrado las semanas más violentas del último año y medio. El análisis también establece que las semanas con mayor cantidad de incidentes comenzaron a principios de mayo, cuando ocurrieron 26 eventos violentos.
La semana entre el 11 y 18 de mayo se registraron 25 hechos delictuales. A partir de junio, han seguido al alza. Entre el 20 y el 27 de julio, hubo 48 eventos violentos, y la semana entre el 27 de julio y el 2 de agosto terminó con 53 incidentes, incluyendo la toma de las municipalidades de Traiguén, Victoria, Curacautín, Collipulli y Ercilla. Además, durante la madrugada del 2 de agosto se produjeron los desalojos y los edificios de Traiguén y Ercilla fueron incendiados.
El subsecretario Galli indicó que “lo que hemos visto es que con posterioridad al 4 de mayo, cuando se declararon en huelga de hambre, ha habido un aumento de la violencia en la Macrozona Sur. Esto también es notorio en cuanto a que los mensajes de reivindicación con los atentados se relacionan casi exclusivamente en pedir la libertad de las personas”. La autoridad agregó que “los ejes donde se está poniendo principal atención es en reforzar la vigilancia de Carabineros en las rutas de tránsito y avanzar en los casos que vinculan la violencia rural con delitos comunes, como el narcotráfico, como ocurrió con la detención de Emilio Berkhoff, el robo de autos y de madera”.
Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, dijo que “los actos incendiarios y tomas de municipalidades se han reivindicado aludiendo a la liberación de lo que ellos denominan ‘presos políticos’; esperamos que se entienda que esas personas están detenidas y algunas condenadas”.
René Colillan, lonko del Parlamento Mapuche Koyang, sostuvo que “con los presos políticos el gobierno tiene que tomar una medida para un diálogo. No comparto la violencia, hay que establecer una mesa; no cometer perjuicios como la quemazón de camiones”. Añadió que “aquí ambos lados tienen culpa, no se trata de tirar piedras, hay que exigirle al gobierno de manera democrática, ir a La Moneda a pedir una reunión”.
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Fuente: La Tercera
