Fue una de las últimas reuniones de las policías y el gobierno del 2020, pero la primera para trazar el objetivo en materia delictual: atacar el poder de fuego de las organizaciones criminales. Por lo mismo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, pidió un reporte a Carabineros y a la PDI, además de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y Aduanas, para tener un panorama sobre el mercado de las armas en nuestro país, ante el aumento de la violencia en diversos delitos.
Los informes llegaron de a uno. Y el primer viernes del 2021 ya se tenían todos los antecedentes. Con eso se formó una mesa de trabajo, la que durante dos semanas analizó el fenómeno y detectando cinco nudos críticos. Por lo mismo, se acordó que cada 15 días este grupo, dirigido por Galli, se reunirá para avanzar en cuatro pilares y frenar el acceso a armas de estos grupos delictuales.
El primer punto que fijó la mesa fue sobre los “testaferros”, dado que hay sospechas que muchas armas inscritas legalmente después son vendidas a bandas, y se declaran como “extraviadas” o “sustraídas”.
Para avanzar en estos puntos, se hará un análisis de las denuncias de extravío de armas y se levantarán perfiles de riesgo para generar “alertas tempranas”.
El subsecretario Galli explicó que “hemos pedido a Carabineros, DGMN y Aduanas que hagamos equipos de fiscalización que nos permitan ver si las personas que están comprando e inscribiendo lo están haciendo para fines deportivo o de caza, o si lo hacen para venderlas a bandas”.
El segundo foco es las “armas adaptadas y modificadas”. Según el jefe del OS-9, Juan Francisco González, “el arma adaptada es a fogueo, que se adapta para el disparo de un proyectil. Se instalan municiones 9 milímetros letales, que es lo que hemos encontrado en las últimas balaceras. El tipo ‘modificada’ es un arma inscrita legalmente, pero a la que se le recorta el cañón para que su efecto sea mayor”.
Informes de Carabineros entregados al gobierno detallan que estos modelos mantienen su funcionalidad tras ser adaptadas, por ejemplo, con descargas automáticas.
Los últimos dos puntos son el “robo de armas” y “el desvío de armas”. El primero tiene que ver con crear “alertas de riesgo” desde la autoridad fiscalizadora a unidades investigativas, además de incorporar sistemas de fiscalización de armas en sectores prioritarios o de alto compromiso delictual. En el caso del “desvío de armas”, que corresponde con el seguimiento hecho por Aduanas, significará que las autoridades activen alertas por “adquisiciones sospechosas”, homologando lo que hace la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con las operaciones sospechosas.
Un catastro que levantó la Subsecretaría del Interior (ver infografía), hasta el año pasado, mostró que había inscritas 837.503 armas. De esas, 760.513 están activas. Revólveres y escopetas concentran la mayoría de este universo.
Además, Interior identificó que desde el año 2012, la proporción de pistolas inscritas ha ido en aumento, mientras que la inscripción de escopetas evidencia una caída sostenida. Actualmente, seis de cada diez armas inscritas corresponden a una pistola.
Otro dato que levantó la mesa de trabajo del gobierno fue que actualmente existe un total de 54.458 armas que están en calidad de extraviadas o sustraídas. Solo en 2020, el OS-9 incautó 116 armas adaptadas.
Este antecedente cobra especial relevancia y causó preocupación en La Moneda y las policías. De acuerdo con el subsecretario Juan Francisco Galli, “lo que nos interesa es que las armas no lleguen a manos de los grupos criminales. Ahí radica la importancia de trabajar en una mejor fiscalización y coordinación entre todas las instituciones”.
Según los antecedentes que aportaron las policías, los hechos delictuales donde se utilizan armas de fuego se incrementaron en un 17%. Una situación que llevó a que las policías sean las que hoy tienen en la mira a las bandas criminales.
Fuente: La Tercera
