El religioso cumplía actualmente una sanción canónica por abuso de menores. Este es el segundo caso en cuatro días, sumándose a Leonel Ibacache.
La Compañía de Jesús informó esta tarde que concluyó el proceso administrativo penal que la Congregación para la Doctrina de la Fe encargó al Superior General de la Compañía de Jesús, en contra del sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga, cuya apertura fue decretada el 7 de noviembre de 2018.
De acuerdo a un comunicado de prensa esgrimido por la congregación, “el Superior General de la Compañía de Jesús ha determinado la dimisión del estado clerical y la expulsión de la Compañía de Jesús de Jaime Guzmán Astaburuaga SJ. Todos los antecedentes del proceso administrativo penal han sido enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que deberá confirmar la pena impuesta”.
El 30 de enero del año pasado, el Provincial Cristián del Campo, inició una investigación canónica previa por denuncias recibidas en contra del religioso por abusos sexuales a menores de edad.
Dicha investigación previa fue realizada por el abogado Sr. Waldo Bown Intveen. A partir de esos antecedentes, el Superior General de la Compañía de Jesús nombró como su delegado, para la apertura de un proceso administrativo penal, a Monseñor Juan Luis Ysern, tal como fue informado a los denunciantes y, posteriormente, a la opinión pública, el día 19 de diciembre de 2018
Desde junio de 2012, Jaime Guzmán cumple una sanción canónica por abuso de menores, con prohibición total de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal y el contacto con menores de edad. Asimismo, el 23 de agosto de 2018, se informó de este caso al Ministerio Público, a través de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales.
“Como Compañía de Jesús, pedimos perdón a las víctimas por el grave daño que les fue causado, al mismo tiempo que agradecemos su valentía para entregar sus testimonios, que resultaron vitales para esclarecer los hechos y sancionar de acuerdo a la gravedad de estos. También queremos pedir perdón a las comunidades educativas afectadas. La confianza que se deposita en nuestro sacerdocio y servicio pastoral demanda la más alta responsabilidad personal e institucional, en particular, cuando nos vinculamos con menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad”, sentencia el comunicado.
Fuente: La Tercera
