La justicia congeló más de 700 millones de pesos al Fondo de Salud de Carabineros por deudas a proveedores y que traen consigo una serie de irregularidades en el manejo de los fondos en el hospital institucional.
El pasado viernes 18 de junio se presentó una falla en el sistema de cobros del Hospital de Carabineros que provocó un «descuento anormal» en salarios de alrededor de 3.000 funcionarios, hecho por el cual el director de Salud de la institución, general Luis Soto Barrientos, presentó su renuncia, pues mantenía problemas en el manejo administrativo y financiero con los proveedores.
De hecho, la empresa UpgradeChile S.A. demandó en 2018 al Fondo de Salud de Carabineros por el término unilateral del contrato para instaurar un sistema de gestión hospitalaria que ayudaría a evitar irregularidades y permitir establecer una ficha clínica electrónica, con un costo de 6.000 millones de pesos, pero cuando llegó el general Soto a su cargo en 2018 puso termino anticipado del contrato.
Ante esto, Upgrade pidió al 23º Juzgado Civil de Santiago una medida precautoria para suspender todas las decisiones administrativas, como ejecutar el término del contrato y cobro de la boleta de garantía, lo que no fue aceptado, pero la Corte de Santiago, tras una reposición en julio de 2019, acogió la medida precautoria, paralizando todo acto administrativo, lo que fue decretado por el tribunal en agosto de ese año.
El 25 de febrero de 2021, el 23 Juzgado Civil de Santiago decidió congelar la cuenta corriente del Fondo de Salud de Carabineros. La decisión fue reafirmada el pasado 7 de mayo por el magistrado Luis Eduardo Quesada, a pesar de la insistencia de Carabineros de revertir la medida.
Además, mientras sigue el caso civil y penal, con sus órdenes de investigar, las asociaciones de funcionarios del Hospital de Carabineros (AnfuHoscar y Cut Militar) denunciaron una serie de situaciones irregulares, apuntando a que la cuenta del Fondo de Salud mueve millonarias sumas que alcanzan $ 30 mil millones y que no habría fondos, apuntando a Soto, indicando que la negativa de restituir los $ 713 millones era prueba de que faltaba dinero.
En su querella por malversación de fondos, UpgradeChile acusó que «durante toda la ejecución del proyecto los funcionarios del Hoscar manifestaron una permanente mala fe en lo que compete a los tiempos de aceptación y aprobación de documentos sujetos a pago, impidiendo con ello que nuestra representada recibiera a tiempo el pago por los servicios que paulatinamente se iban prestando y entregando».
Fuente: Cooperativa
