La política de “abandono” que tiene a Tarapacá en el foco de la discusión

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Aunque la diferentes autoridades de la Región de Tarapacá tienen visiones disímiles de lo que se debe hacer para enfrentar la “crisis migratoria” que viven, la mayoría coincide en que es fruto de un “abandono” por parte del Gobierno (salvo los hechos de violencia que se vieron durante el fin de semana, sin justificación alguna).

En la zona se concentran los ingresos irregulares al país, y a pesar de ello, los planes que se anunciaron para hacerle frente, denominados “Frontera Segura” y “Plan Colchane”, poco y nada ha servido, de acuerdo con la visión de parlamentarios de la zona.

El primero se puso en marcha a comienzos de la administración de Sebastián Piñera y el segundo en febrero de este año, pero aún así los migrantes han seguido arribando a territorio nacional sin ningún tipo de control ni ayuda, por lo que han terminando copando plazas, calles y cualquier espacio para asentarse. Eso, al tiempo que crece el descontento de los residentes habituales.

“La situación se viene acumulando hace tiempo, porque no hay políticas concretas para enfrentar la crisis, ni por parte del Gobierno central ni de las autoridades locales. Los ministros vinieron, sacaron una foto y no hicieron nada, lo mismo con el exGobernador, hoy delegado presidencial”, sostiene el diputado Rubén Moraga (PC), quien pide que haya un proceso de regularización de quienes cumplan con las condiciones, porque “migrar es un derecho humano”.

Su par Ramón Galleguillos (RN) cree que quienes ingresaron por pasos no habilitados incurrieron en una ilegalidad y que, por lo mismo, deben ser deportados. Apuesta por la instalación de un campamento a las afueras de Colchane para iniciar el proceso. “Desde el año pasado le vengo diciendo al Gobierno que esto es grave y no entienden, no han hecho nada. No han dado el ancho en esta materia (…) Chile no tiene vigente el Estado de derecho, acá llega cualquiera y hace lo que quiere”, indica.

A esto agregan, además, que el reglamento necesario para la entrada en vigencia de la nueva ley migratoria, que se promulgó el pasado 11 de abril, no está listo, lo que ha impedido aplicar la normativa que prometía “una migración segura, regular y responsable”. Por ello, piden celeridad al Ministerio del Interior.

Asimismo, solicitan que el Ministerio de Relaciones Exteriores se haga parte del “dilema” y dé forma a un plan de acción junto a los diferentes países de la región.

Consultado sobre los pasos a seguir, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó en T13 Radio que están “viendo la posibilidad de apoyar, poder entregarles a las personas que cumplan los requisitos, la posibilidad de que puedan movilizarse a algún lugar donde tengan un familiar, pero tenemos que revisar caso a caso porque lamentablemente uno de los problemas es que no sabemos quiénes entran al país”.

Desde el Congreso, en todo caso, parlamentarios oficialistas estarían realizando gestiones para que el Ejecutivo patrocine un proyecto de ley que permitiría la entrada en vigencia de uno de los puntos de la nueva Ley de Migraciones, aún cuando el reglamento no está listo.

Se trata de lo estipulado en el artículo 131º y que permitiría que las policías “reconduzcan” o “devuelvan” de manera inmediata al extranjero que sea objeto de una resolución de expulsión, abandono o prohibición de ingreso.

Asimismo, se presentará una solicitud para que la Cámara realice una sesión especial a fin de abordar el tema.

Renzo Trisotti: “No queremos más diagnósticos, queremos acciones concretas”

¿Cómo analiza lo que está pasando? 

La Región está cansada de ver que las distintas autoridades se tiran la pelota y no ha habido una solución. Se creó un plan, pero muchas de las acciones no generaron  el efecto deseado y eso termina generando un descontento generalizado. El iquiqueño se empezó a sentir incómodo y eso terminó en esta marcha masiva. Yo esperaría un liderazgo desde el Gobierno.

¿Qué cree que se debe hacer?

No hay capacidad para seguir aguantando un flujo migratorio de esta naturaleza, por eso se debe fortalecer el control, hay que dar facultades ya a las policías para que el control sea efectivo. Y hay que generar un conjunto de acciones para ayudar principalmente a niños, mujeres y embarazadas. Lo demás creo que es buscar conveniencia política. Se requiere coordinación del Gobierno, Congreso y autoridades locales. Tiene que haber una política mucho más integral, con recursos.

Se anunciaron medidas ¿Qué plazo le da al Gobierno? 

No hay tiempo que perder, espero que los anuncios vengan de la mano de un cronograma muy claro de cuáles son las acciones, quién es el responsable y cuáles son los recursos.  Ya no queremos más diagnósticos, queremos acciones muy concretas.