Administrador apostólico Ricardo Morales formalizó denuncia ante Fiscalía. Sacerdotes a los que apunta eran encargados de finanzas de la Arquidiócesis. Además, uno es investigado por abusos sexuales.
Nota de la periodista Viviana Candia / Diario La Segunda
Autocontratos para justificar sueldos extras, actuar como prestamistas y sacar de manera irregular sicotrópicos de uno de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) tutelado por el Arzobispado de Puerto Montt son parte de sendas denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el administrador apostólico de la zona, Ricardo Morales, en contra de dos sacerdotes, que, durante los últimos trece años, ocuparon cargos relevantes en dicha arquidiócesis.
Las acusaciones apuntan al exvicario general del Arzobispado de Puerto Montt, Tulio Soto Manquemilla y al exvicario ecónomo de la misma arquidiócesis Darío Nicolás, quien además desde septiembre está suspendido de su cargo y de celebrar en forma pública, debido a denuncias por presuntos abusos sexuales.
La primera denuncia es por presunta apropiación indebida de dineros del Arzobispado, que se presentó el 12 de octubre luego que el administrador apostólico —nombrado por el Papa Francisco el 11 de junio— comprobara “un gran desorden administrativo, financiero y contable en la gestión económica de la arquidiócesis”, según se señala en el documento al que accedió “La Segunda”.
Dineros que volvían a la parroquia
Morales encargó una auditoría externa en septiembre, la que arrojó “diversas situaciones que, a mi juicio y de los auditores, resultan irregulares y constitutivas de delitos”. Entre esas supuestas irregularidades se cuentan que Tulio Soto Manquemilla, con 26 años de sacerdocio y desde 2005 vicario general y representante legal del Arzobispado, habría utilizado dineros “para fines personales, no rindiendo cuenta de ello”. Tal dinero, indica la denuncia, lo habría utilizado para hacer préstamos a terceras personas, una de las cuales decidió denunciar esto al administrador apostólico, pero no a la Fiscalía por temor a las redes de protección de Soto.
De acuerdo a la denuncia, luego de hacer los préstamos, Soto protocolizaba en Notaría un reconocimiento de deuda con el fin de asegurar el pago de la misma. En uno de los casos, de julio de este año, el representante de una empresa gastronómica asume que “debe y pagará” $90 millones “que adeuda por concepto de mutuo de dinero entre particulares”. Y acordaron el pago en tres mensualidades, que serían depositadas en la cuenta corriente de la Parroquia de Fátima de Puerto Montt, en donde Soto Manquemilla era párroco hasta el 11 de octubre, cuando fue suspendido de su cargo provocando la molestia de la comunidad, que incluso le organizó un curanto este domingo para reunir fondos para ayudarle. La Fiscalía optó por incluir al administrador apostólico en el programa de protección de testigos.
Tráfico de estupefacientes
La segunda denuncia involucra nuevamente a Soto y al exvicario ecónomo Darío Nicolás, a quienes se acusa de fraude al Fisco, por el uso irregular de dineros del Cesfam San Pablo Mirasol —conocido como “Techo para Todos”—, dependiente del Arzobispado, pero financiado con dineros transferidos por el Servicio de Salud de Reloncaví.
Pese a que nunca los dos sacerdotes trabajaron allí, supuestamente se concomitaron para aparecer como trabajadores y recibir mensualmente remuneraciones. Para ello se contrataron mutuamente. En un documento del 1 de marzo de 2017, aparece que el padre Darío Nicolás —a nombre del Arzobispado y del Cesfam— contrata a Soto Manquemilla para labores de “Supervisión de proyectos y programas de la Fundación Salud y Familia dependiente del Arzobispado de Puerto Montt”, con un sueldo bruto de $589 mil 810 mensuales. Dos meses después, el 2 de mayo del año pasado, Soto Manquemilla suscribió (ahora él en nombre del Arzobispado y del Cesfam) un contrato con el padre Darío Nicolás por un total bruto de $1.353.767 por “asesoría y supervisión administrativa de las labores de atención primera en salud y coordinación con la fundación Salud y Familia y el Servicio de Salud, en el establecimiento del Cesfam”.
Establecieron que “la jornada de trabajo será libre” y que el “el tiempo extraordinario se pagará con recargo legal”.De acuerdo a la denuncia de Morales, Tulio Soto Manquemilla habría recibido dineros del Cesfam “de aquellas partidas que se reciben adicionalmente, de acuerdo al número de beneficiarios (per cápita), que se encuentran registrados en ese Centro de Salud Familiar”. Actuación que se facilitó “con la nula auditoría y fiscalización que ha obviado el Servicio de Salud Reloncaví en los últimos tres años”.
Nicolás también habría otorgado créditos de manera irregular a trabajadores y se compró un vehículo —a nombre del Cesfam—, pero para uso personal. Asimismo, arrendó una oficina a un cirujano dental por cerca de $1.000.000 mensual, que según la acusación iba a dar a su patrimonio personal.
Sobre Morales, Nicolás es quien habría gestionado a nombre de trabajadores del mismo Cesfam recetas de sicotrópicos, para que no aparecieran retirados por él. “Estos sicotrópicos los retira materialmente el sacerdote Darío Nicolás, quien se los lleva al extranjero, y, además, a las reuniones y viajes que organiza con la agrupación de jóvenes que él formó y dirige (y que está) relacionada con la Parroquia San Pablo”, señala el escrito.
Del mismo modo, el administrador apostólico, citando a un testigo, indica que este sacerdote derivaba niños y adolescentes a un psicólogo para que “confirmara si eran o no homosexuales. Eso sí, con la condición de que los atendiera después del horario de cierre del Cesfam. El sicólogo le debía rendir cuenta de los resultados al sacerdote Darío Nicolás”.
Sacerdotes de confianza de monseñor Caro
Tulio Soto Manquemilla era el sacerdote de mayor confianza del arzobispo emérito Cristián Caro. En la celebración de las bodas de plata sacerdotales de Soto —celebradas en octubre del año pasado— Caro explicó el rol de Soto Manquemilla: “Desde que volvió de Europa en 2005 siempre me ha acompañado como vicario general, lo que no es poca cosa porque está al lado del obispo, hace las veces del obispo, es el representante legal del Arzobispado, el que representa en todo al arzobispo. Y además es el moderador de la curia, es decir, está a cargo de la administración del Arzobispado, de su personal y de todos los organismos (…) Participa en cuanta fundación hay, que son también fundaciones del Arzobispado, donde tiene tareas directivas en esas fundaciones como presidente o vicepresidente (…) También es miembro del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano”.
